Ningún municipio de la Región respeta los límites de ruido de la ley nacional

MURCIA- La Región de Murcia se encuentra desacompasada en lo que a la normativa en concepto de contaminación acústica se refiere. Ésa es la principal conclusión que se puede extraer de un informe elaborado por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, y en virtud del cual ha decidido el envío de una Resolución de Oficio a los 45 ayuntamientos de la Región y al propio Gobierno regional para que cumplan con la ordenanza estatal de contaminación en materia de ruidos debido a las numerosas quejas que ha recibido por estas molestias, especialmente en zonas de ocio y en horario nocturno. En concreto, el ocho por ciento del total de las reclamos que ha recibido el Defensor del Pueblo ha sido por exceso de ruidos. Se está hablando en total de más de un centenar de quejas registradas.
En opinión de Ruiz Abellán, «no se le presta la importancia debida a estas molestias en materia de ruidos». Además, recordó que la contaminación acústica puede reportar molestias diversas como malestar general, depresión, estrés, trastornos del sueño y abandono del hogar. A este respecto, explicó que se está llevando el caso de una persona que se ve obligada a dejar su casa en los momentos de más ruido.
Para determinar con mayor grado de exactitud el límite de potencia del sonido que se puede permitir, Ruiz Abellán recordó que «a partir de 30 decibelios se empiezan a percibir los efectos nocivos del sonido fuerte». En el caso de la Región, únicamente 24 municipios tienen en sus ayuntamientos ordenanzas en materia de ruidos y se encuentran «totalmente desfasadas», ya que no están reguladas según indica la normativa estatal al respecto. Por esto, Ruiz Abellán mandará una petición a los ayuntamientos murcianos para que acompasen sus ordenanzas a la ley básica estatal «y aquellos que ni tan siquiera tienen una al respecto, la instauren para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos». Asimismo, el Defensor del Pueblo va a remitir un recordatorio a la Consejería de Agricultura para que actualice su normativa autonómica al respecto que determina el límite en los 40 decibelios, «una cantidad que se encuentra anticuada». De igual manera, pide a los ayuntamientos que incluyan en sus ordenanzas en base a que criterios se va a regir la emisión de ruidos durante las fiestas de los municipios.