La jueza de los ERE busca nexos entre «intrusos» y políticos

La incesante llegada de datos al juzgado número 6 de Sevilla ha dejado al descubierto importantes revelaciones en la trama de los ERE irregulares. Y lo que es más grave, ha puesto en entredicho la actuación de políticos y sindicatos, por no mencionar a los propios miembros de la Junta de Andalucía.

Motivo este por el que en su auto del pasado 3 de marzo la jueza que instruye el caso, Mercedes Alaya, no se limita a solicitar una «relación pormenorizada de todas las ayudas, prestaciones o subvenciones» que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (AIDA) –antigua empresa pública IFA que repartió 647 millones– realizó a empresas, sociedades, fundaciones, ayuntamientos... desde 1999 hasta la fecha, sino que va más allá.

Así la magistrada hace hincapié en que también «deberá investigarse la relación de los citados beneficiarios (de las pólizas) con la Junta de Andalucía, con algún partido político, algún sindicato o con algún cargo público». Dejando claro no sólo el papel que han jugado en la trama personajes de la talla de Juan Lanzas Fernández, ex alto cargo de UGT; Antonio Garrido Santoyo, ex secretario de Política Municipal del PSOE en Baeza, o el que fuera director general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero.

Y es que el objetivo de la jueza no es otro que analizar la vinculación de los «intrusos» con los que en el momento de las irregularidades ocupaban puestos de relevancia, ya fuera en las empresas o en la Autoridad Laboral. Tanto es así que en otro auto emitido por Alaya da cuenta de que en los Expedientes de Regulación de Empleo «la ilicitud no sólo vendría por el procedimiento administrativo utilizado, sino del hecho de que a través de dichos ERE resultaran beneficiarios de las pólizas personas que nunca habían trabajado en dichas empresas» y aquí añade una acusación nueva.

En el punto de mira
Si hasta ahora se hablaba de un simple conocimiento de los hechos por parte de los empresarios, la magistrada apunta más lejos y señala que las irregularidades pudieron cometerse «con la intervención de los propios empresarios, además de personas físicas y entidades que actuaron como intermediarios y con el indiciario conocimiento de la Autoridad Laboral». O lo que es lo mismo, con el beneplácito, incluso, de la Junta.

Pero la jueza insiste en esta idea y en otro de los atestados reitera que las prestaciones que recibían los falsos trabajadores las percibirían «directamente para su lucro personal o se las repartirían entre los intermediarios de la operación», una vez más, bajo el beneplácito de los empresarios y el Ejecutivo andaluz. Asimismo, añade que estos «asegurados externos» no sólo aparecían en la documentación de los ERE, sino también como beneficiarios de una póliza de seguros. De este modo, no quedaba «rastro documental» alguno en las empresas que solicitaban los ERE.

Un matiz que complica la investigación y la reconduce hasta Bélgica, donde se encuentra la empresa aseguradora APRA LEVEN. Entidad que se encargó de realizar las pólizas de doce empresas andaluzas, al menos, y a la que ya se le ha solicitado la información sobre los asegurados en tela de juicio.

Hay que recordar que fue precisamente Guerrero, ex director general de Empleo, quien en 1999 cambió el procedimiento de asignación de ayudas para que la entidad pagadora fuese el IFA y no la Consejería de Empleo, evitando así todos los controles y la fiscalización a la que deben ser sometidos los actos administrativos.
 

El intermediario «soluciona» los problemas
El método seguido por la Dirección General de Empleo, cuando al frente de la misma estaba Francisco Javier Guerrero, y las empresas en crisis para la concesión de ayudas comenzaba con el acuerdo entre representantes de los trabajadores y de la empresa. Cuando ya existía ese acuerdo, aparecía el «intermediario» y, con él, la aprobación por parte de la Autoridad Laboral del ERE de una empresa cualquiera. La documentación se remitía a la compañía mediadora y ésta, a su vez, enviaba la relación de trabajadores beneficiarios a la compañía aseguradora y a la Dirección General de Trabajo, «para que se apruebe el pago de estas partidas». En este proceso se introducen «personas ajenas a la empresa y aparecen como trabajadores con derecho al cobro de las rentas».