El TC tenía en noviembre un fallo del Estatut más consensuado y lo ocultó

En estos casi cuatro años de demora en la sentencia sobre la constitucionalidad del Estatut catalán, las presiones de un lado y de otro sobre el Tribunal Constitucional han crecido en proporción a la intensidad con la que han circulado los rumores sobre la inminencia de un eventual fallo. Sin embargo, la crispación subió de tono en los últimos meses al calor de las insistentes noticias del anuncio de la sentencia. Evidentemente, los magistrados del TC no han permanecido ajenos a estas presiones.

De hecho, en noviembre de 2009 prefirieron abortar un acuerdo, pese a estar avalado por un amplio consenso. Este pacto matizaba algo más la redacción del Estatut en comparación con la sentencia que, al final, se emitió este martes con cuatro votos en contra y seis a favor. Pese al consenso, los magistrados decidieron dar marcha atrás ante el temor a las consencuencias por el excesivo ruido mediático del momento, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes judiciales.

«Por la dignidad»
Por esas fechas, la prensa catalana publicó un editorial conjunto en defensa del Estatut. Los medios de comunicación escritos exigieron en ese editorial, titulado «La dignidad de Cataluña», al tribunal que no rebajara el espíritu y la letra de un texto aprobado por el Parlamento catalán, Las Cortes Generales y refrendado por los ciudadanos.

En el extenso editorial, la prensa catalana cuestionó la autoridad del tribunal para dictar sentencia en un momento en el que sólo seis de sus doce magistrados no se encontraban en situación de interinidad. Cuatro de sus miembros ya habían agotado su mandato y estaban a la espera de ser sustituidos, uno había sido recusado y otro había fallecido. En este escenario, el editorial advertía: «Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Ésta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia».

Ante este panorama excesivamente tenso y crispado, el Constitucional optó por ocultar su principio de acuerdo sobre el Estatut. Desde entonces hasta hoy, su presidenta María Emilia Casas se ha empeñado en sacar adelante la sentencia antes de las vacaciones estivales. Su firme decisión ha pillado con el pie cambiado a las fuerzas políticas catalanas, que ya no esperaban un fallo antes de la convocatoria de elecciones autonómicas, que tocan, en principio, en noviembre próximo.

El Gabinete de Zapatero, sin embargo, se mostró convencido desde un primer instante de que habría sentencia antes de agosto. Así lo dejó entrever, en distintas ocasiones, la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega.

La realidad es que este fallo ha favorecido un cambio de la escena política catalana, en la que se aleja la posibilidad de una alianza postelectoral entre la formación liderada por Artur Mas y los populares, según precisaron a este diario fuentes de la Generalitat catalana. Este nuevo escenario beneficia los intereses del Ejecutivo central, sobre todo, en la recta final de la segunda Legislatura de Zapatero, que se aventura complicada. De momento, no cuenta con el respaldo necesario para los Presupuestos de 2011.


El fallido intento de pérez vera
El primer fracaso lo constituyó la ponencia de la progresista Elisa Pérez Vera, una de las que más expectativas despertó. Se rechazó el 16 de abril por seis votos a cuatro. El borrador anulaba una quincena de artículos del Estatut y condicionaba la constitucionalidad de otra veintena a la interpretación que se les diera en las leyes que deben desarrollar esa norma.


El borrador que ni siquiera se votó
El siguiente texto que los magistrados tuvieron sobre la mesa fue el del vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez. El borrador ni siquiera llegó a votarse, al constatarse la falta de respaldo por la mayoría de los magistrados. Su propuesta anulaba una veintena de preceptos de la norma catalana.


La séptima y definitiva propuesta de casas
Dos apoyos inesperados –uno del bloque «progresista», otro del «conservador»– permitieron finalmente desatascar la sentencia sobre el Estatut. La presidenta del TC, María Emilia Casas, lograba así un acuerdo tras dos años y medio de deliberaciones. El fallo definitivo «tumbaba» 14 artículos y echaba por tierra preceptos clave sobre la lengua, el Poder Judicial y los tributos.