La juez estrecha el cerco del «caso Mercasevilla» en torno a Marchena

SEVILLA- Manuel Marchena, consejero delegado de Emasesa y vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE), ya forma parte de la lista de imputados del «caso Mercasevilla» por su «presunta participación» en las irregularidades detectadas en la venta a Sando del terreno del mercado central. La juez Mercedes Alaya inculpó formalmente el pasado día 20 a quien fuera gerente de Urbanismo cuando se pertrechó una operación y un concurso público para la adjudicación de la opción de compra sobre el suelo plagados de sospechas.
La investigación judicial estrecha el cerco en torno a uno de los más estrechos colaboradores del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. En todos sus mandatos, Marchena ha desempeñado elevadas responsabilidades y, de hecho, se trata del segundo alto cargo de designación política inculpado en esta causa. El primero fue Antonio Rivas, que se vio forzado a dejar su puesto de delegado provincial de Empleo tras ver confirmada su imputación por las comisiones ilegales exigidas supuestamente al Grupo La Raza para la consecución de una escuela de hostelería subvencionada por la Junta de Andalucía.
Las actuaciones emprendidas hasta el momento por la titular del juzgado de Instrucción número 6 reflejaban su vivo interés por aclarar la implicación de Marchena en la venta de los terrenos de Mercasevilla, ya que en aquella época era miembro del consejo de administración y, como gerente de Urbanismo, asistió a la redefinición del mercado central en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) –que contempla el traslado a Majarabique–, a la redacción del pliego de condiciones y a la adjudicación a Sando de estos suelos.
El interventor municipal testificaba el pasado miércoles que el ex asesor del alcalde Domingo Enrique Castaño dirigió ese pliego de condiciones desde su puesto en el área de Vía Pública, dependiente de Urbanismo cuando Marchena era gerente. Además, Antonio Pardal, propietario de Larena 98, la firma que ostentaba los derechos de superficie sobre los terrenos de Mercasevilla, aseguró ante la Policía Judicial y la juez que el hoy consejero delegado de Emasesa le ofreció adjudicaciones de viviendas de protección oficial y locales comerciales para «convencerle» de que cediera pacíficamente esos derechos a la inmobiliaria malagueña Sando.
Por su parte, Manuel Marchena se apresuró ayer a recordar que en febrero pasado –cuando su nombre empezó a sonar en relación al «caso Mercasevilla»– se personó en los tribunales para declarar voluntariamente ante la instructora, que no pudo atenderle porque «estaba celebrando juicios».
Asegurando que desde entonces está «a disposición de la juez», el alto cargo de la AIE insistió en que «no tengo nada que ocultar, porque he actuado y actuaré siempre con la máxima transparencia en la gestión, siguiendo las normas del Derecho Público y al servicio de la Administración».
«No he sido llamado hasta ahora para prestar declaración ante ninguna instancia judicial pues no he cometido irregularidad en mi gestión pública», reiteró, y añadió que «desconozco las causas de la imputación».
Le acompaña como nueva inculpada la jefa de Licencias de Urbanismo, Emilia Barrial, mientras dos altos cargos de Mercasa –Arturo Cortés y Ángel Gil– son citados como testigos. Además, la juez reclama a la Gerencia un informe sobre las personas que componían su consejo de gobierno y comisión ejecutiva desde el 23 de septiembre de 2003 –cuando comenzó la operación– hasta la actualidad.