«Raves»: fiestas impunes

La muerte de Alberto del Olmo y de Pablo Echegoyen por haber mezclado alcohol y estramonio durante una «rave» no ha hecho más que reafirmar los avisos que los vecinos de la zona llevan lanzando desde hace años, ya que los fines de semana es habitual encontrarse a jóvenes en estado de embriaguez por los alrededores.

Lo ideal sería prevenir estas fiestas, pero es casi imposible. Los organizadores buscan fincas privadas abandonadas en lugares aislados para pasar inadvertidos. De esta forma el ruido no molesta al vecindario y así evitan las denuncias. Otra dificultad a la que se enfrenta la Guardia Civil es la rapidez a la que se preparan las fiestas gracias a las redes sociales, ya que no es necesario anunciarlas con mucha antelación. Además, internet también permite a los aficionados a las «raves» compartir información acerca de nuevos sitios donde celebrarlas.

Pero el gran problema es que la benemérita no puede entrar en las fincas privadas para impedirlas a no ser que el propietario lo denuncie. Fuentes de la Guardia Civil han informado a LA RAZÓN de que lo único que pueden hacer para frenar las «raves» es hacer controles a los coches que circulan por los caminos y cañadas que se dirigen «sospechosamente» a las fincas. «Cuando nos ven, tiran las drogas por la ventanilla», declaran.

En el caso de que se produzca una denuncia, los agentes ya tienen vía libre para irrumpir en el recinto y buscar al organizador de la fiesta, algo «muy complicado» porque nadie revela su identidad. Por ese motivo, al primero que identifican es al DJ, que suele estar contratado para pinchar. «Cuando le preguntamos por el cabecilla de la "rave"no contesta, pero cuando le llega la multa a casa empieza a contarlo todo».

Y es que las multas por realizar estos eventos oscilan en torno a los 6.000 euros. En el caso de la celebrada en el Monasterio de La Aldehuela, en Getafe, la cantidad sería mayor, ya que la finca se encuentra en un parque natural en el que está prohibido poner música y dejar residuos.