El PP llevará el fraude de las ayudas para contratar discapacitados al Parlamento

SEVILLA-El vicesecretario general del PP-A, Ricardo Tarno, anunció ayer que su formación solicitará en los primeros días del mes de septiembre la creación de una comisión de investigación en la Cámara andaluza sobre las irregularidades detectadas en las ayudas al empleo para personas discapacitadas y sobre cuál ha sido el destino de estos fondos, procedentes de la Consejería de Empleo.
Tarno consideró que las irregularidades en las ayudas para este colectivo suponen ya «el colmo y la guinda de la tarta», e insistió en la necesidad de que se investigue «a fondo» a la Consejería de Empleo, «ante el cúmulo de irregularidades permanentes que se han producido en los diez últimos años».
Entre dichas irregularidades, el dirigente «popular» citó el «gravísimo escándalo» del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), la investigación abierta en torno a las ayudas a la contratación por parte de la Unión Europea (UE), o la administración paralela creada en torno a la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
Tras asegurar que la Consejería de Empleo «no existe» y que está «de vacaciones permanentes», indicó que dicho departamento sólo sirvió para limpiar los problemas internos del Gobierno andaluz y no para dar solución a los problemas de los ciudadanos. «Se trata de una consejería en permanente interinidad ante la dimisión constante de altos cargos», añadió.
Asimismo, Tarno apuntó que en el periodo que va del año 2004 a 2010, en el que la Junta tiene ya las competencias de políticas activas de Empleo, se dejaron de ejecutar 1.575 millones de euros, lo que supone el 21,4% de todos los recursos que ha tenido la Consejería desde que asumió dichas competencias. De igual modo, destacó que, a fecha de 31 de mayo de 2011, es decir, durante los primeros cinco meses del presente año, la Consejería de Empleo ha ejecutado sólo un 14,6% del presupuesto con el que cuenta para todo el año. «Es un departamento paralizado, colapsado e ineficaz, así como una herramienta ineficaz para ayudar al parado en la búsqueda de empleo», apostilló. Finalmente, criticó que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no sea capaz de asumir la responsabilidad que le corresponde por «las golfadas» que se produjeron en la Consejería de Empleo en los últimos diez años «y quiera que sean los demás quienes se hagan responsables».
Hay que recordar que en esta trama hay implicadas cinco o seis empresas sevillanas y que afecta a dos programas de ayudas: por un lado, al reparto de un incentivo de 12.021 euros por cada contrato indefinido a discapacitado y por otro lado, a las ayudas para las retribuciones o mantenimiento de los puestos de trabajo, que sufragan la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (320,70 euros cada mes) del personal discapacitado.