Coalición Canaria
El PSOE levanta el veto a los PGE con el apoyo de PNV y CC
El Congreso de los Diputados levantó, con tan sólo un voto más de los necesarios, el veto del Senado a los Presupuestos Generales del Estado. El PSOE no logró sumar nuevos apoyos a las cuentas públicas durante el último trámite parlamentario, con lo que los Presupuestos salieron adelante con los votos del PSOE, PNV y CC, que sumaron 177, uno más de la mayoría absoluta requerida. El rechazo del resto de los grupos parlamentarios (171 votos) fue frontal.
Para unos, como Cristóbal Montoro (PP) los que ayer quedaban listos para su publicación en el BOE son los Presupuestos del «paro, la prima de riesgo y la desconfianza de los españoles» y constatan el «fracaso de la política del Gobierno, que no duda en recortar derechos sociales como las pensiones». Para otros, como Pere Macia (CiU), «no son, las redactadas por el Gobierno, las cunetas para salir de la crisis». Y para ERC. el motivo de su rechazo fue la «congelación de las pensiones» y su marcado carácter antisocial. También, según Joa Ridao, por el «incumplimiento con Cataluña», a quien se debe, según sus cálculos, 2.000 millones de euros. El carácter antisocial de los Presupuestos fue esgrimido también por BNG, NaBai y UPyD.
Los Presupuestos para 2011 concluyen en todo caso tras un largo trámite parlamentario, en el que se han incorporado al proyecto inicial 480 enmiendas, valoradas en cerca de 600 millones de euros. De esta cantidad, 190 millones de euros han sido pactados con los nacionalistas vascos, mientras que los canarios han recibido 25 millones. Otros 70 millones fueron transaccionados con el resto de grupos, principalmente con CiU.
El texto introduce además 295 millones de euros que corresponden a un paquete de enmiendas presentadas en solitario por el PSOE, y que se destinarán a incrementar los préstamos participativos a concesionarios de autopistas y autovías en riesgo de quiebra, que recibirán un total de 650 millones de euros, si bien esta cantidad computa con cargo a deuda pública, con lo cual no tendrá un impacto presupuestario directo, según la versión del Ministerio de Economía y Hacienda
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