Los vecinos que salvaron los parques

Seis años y doce sentencias favorables le ha costado a un grupo de ciudadanos «convencer» a Universidad, Junta y Ayuntamiento del error de construir la Biblioteca Central dentro del Prado

Aspecto de los jardines del Prado antes de que se talaran dos centenares de árboles
Aspecto de los jardines del Prado antes de que se talaran dos centenares de árboles

Los parques no se crean para destruirlos». La sentencia, de José Miguel González, presidente de la asociación de vecinos Huerta de la Salud, es casi tan contundente como los 12 fallos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo que han acabado dando al traste con la Biblioteca Central universitaria. Un empeño en el que se han perdido cuatro millones de euros –y otros 12 más previstos–. Entre las «víctimas» de la parte contraria, se cuentan 230 árboles que fueron «sustituidos por hormigón». La gesta de los vecinos es haber frenado a la Junta, el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla. Nueve asociaciones, lideradas por Huerta de la Salud, integradas por unos 800 ciudadanos. El clásico David contra Goliat. La «honda» en esta ocasión no arrojó una piedra sino la razón. Así lo defiende González, que admite que el fallo del Tribunal Supremo fue una «alegría pero no una sorpresa. Hay que tener fe en la Justicia, sobre todo cuando la verdad está de tu parte».

«Hay grandes cosas en la naturaleza que se explican de forma sencilla. Pero han hecho falta miles de folios y cinco años para que algunos se convenzan de que un parque no se puede mutilar», lamenta el líder vecinal. En este sentido, se muestra decepcionado con la actitud «prepotente» de la Hispalense. «Pensaron que la energía inicial se diluiría. Han jugado con el dinero público. Si se hubiera actuado con un poco de sentido común, no estaríamos así», asegura. Como promotor de la denuncia, insiste en que la Universidad pecó de «soberbia»: «Sabía que había un contencioso en curso –por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana– y asumió un riesgo. Ahora se ha ratificado que la obra es ilegal». Respecto a un posible recurso de la institución –que continúa «analizando» la sentencia»–, advierte de que «no tiene mucho sentido que planteen nada. No se ha vulnerado ningún derecho constitucional».

En su opinión, «la biblioteca podía ubicarse en muchos sitios. Nunca han explicado el motivo de esa elección». Tanto el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín como el rector de la Hispalense, Joaquín Luque, rechazaron siempre un «plan B». «La Justicia nos dará la razón», defendían ambos. Pero los tribunales les han dado la espalda, confirmando en última instancia lo «irracional» de la obra. El interés general por encima del privado, que, paradójicamente, defendían tres instituciones públicas. Pero la mayor satisfacción para unos vecinos que han enarbolado en los tribunales y en la calle –con numerosas movilizaciones– sus razones, es que «si realmente se hubiera perdido este contencioso, cualquier parque de Sevilla estaría en peligro de extinción. Sería lícito convertir una zona verde en hormigón».

¿Anticipo de la Torre Cajasol?
La primera gran batalla vecinal al extinto Gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín se ha saldado con victoria ciudadana. Una lucha desigual en la que Universidad y Ayuntamiento actuaron en connivencia contra el «interés general». El caso de la Torre Cajasol no es igual, pero «podría tener cierta similitud», admite el presidente de la asociación Huerta de la Salud. En este caso, se cuestiona la legalidad de la licencia de obras. El alcalde ya anunció que la revisaría mientras la plataforma «¡Túmbala!» continúa su lucha legal.