El PP recurrirá ante el Constitucional la reordenación del sector público

La medida del Ejecutivo andaluz supone el blindaje laboral de más de 22.000 puestos «a dedo».

El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, en el Pleno parlamentario del pasado miércoles
El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, en el Pleno parlamentario del pasado miércoles

San Bartolomé de tirajana (gran canaria)- El presidente del PP-A, Javier Arenas, confirmó ayer que el grupo parlamentario popular finalmente va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta porque «claramente conculca los derechos fundamentales» de los trabajadores. A través de esta medida, el Ejecutivo andaluz blinda las condiciones laborales de más de 22.000 puestos «a dedo».
Así lo anunció ayer a Europa Press después de mantener una reunión de trabajo con el dirigente del PP nacional, Mariano Rajoy, la portavoz del partido en el Congreso, Soraya Sainz de Santamaría, y el secretario general de los andaluces, Antonio Sanz, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). En este marco, Arenas explicó que han tomado la decisión «en defensa de los funcionarios y de todos los trabajadores del sector público en general», después de haber consultado varios estudios jurídicos y recibido informes.
En este sentido, el popular explicó que van a presentar el recurso alegando que el decreto «atribuye potestades públicas a personal no funcionario de la Junta de Andalucía; así como lesiona el derecho a acceder en igualdad de condiciones al empleo público y otros derechos fundamentales como son la libertad sindical y la negociación colectiva».
«Es un abuso de poder a la hora de usar el decreto ley, ya que debe reservarse para situaciones extraordinarias y de urgente necesidad», apostilló Arenas.
Derechos fundamentales
Asimismo, consideró que este decreto «claramente conculca los derechos fundamentales» de los trabajadores, y se trata de «un intento de consolidar una Administración paralela al margen de la administración pública». No hay que olvidar que la Junta de Andalucía pretende suprimir 111 de sus 350 entes instrumentales y modificar otros 16. La medida afecta a un total de 23.476 trabajadores. De éstos, sólo 2.069 son funcionarios, mientras que 1.474 corresponden a personal laboral de la Administración autonómica y 19.933 son los que ya trabajan en el sector público empresarial.


Polémica en el Defensor que avanzó LA RAZÓN
Este periódico reveló el pasado 9 de octubre un escrito firmado por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, en el que trasladaba al Defensor nacional información sobre la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), pero evitaba instarle, tal y como reclamaba Safja, a que interpusiera un recurso ante el Tribunal Constitucional. Esto provocó la reacción de un adjunto al Defensor a propuesta del PP, Francisco Gutiérrez, quien consideró el documento una «barbaridad desde el punto de vista jurídico-constitucional».