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La Fiscalía cree que la Infanta no conocía las actividades de su marido
Tacha de «irregularidad administrativa» el cargo de gastos personales a Aizoon
MADRID- Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el Gobierno balear ven motivos para que la Infanta Cristina sea citada a declarar como imputada en relación con las presuntas actividades irregulares de Iñaki Urdangarín al frente del Instituto Nóos. El Ministerio Público no apuró el plazo de cinco días otorgado por el juez José Castro y –tal y como adelantó este periódico– se pronunció ayer mismo en contra de la petición de Manos Limpias de que Doña Cristina engrose la lista de imputados.
El fiscal Pedro Horrach ratifica así lo adelantado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el pasado 14 de febrero, cuando aseguró que no veía motivo alguno para llamar a declarar a la Infanta. En su escrito, la Fiscalía no deja resquicio alguno a la citación. Desde un principio, subraya que la investigación ha puesto de manifiesto que Doña Cristina «estaba excluida» de la toma de decisiones en el Instituto Nóos al no formar parte de su comité de dirección.
La duquesa de Palma sí integraba, como vocal, la Junta Rectora, pero el fiscal recuerda que ésta no se reunió para aprobar las líneas de actuación de dicha entidad.
Manos Limpias sustenta su petición en el hecho de que Doña Cristina comparta con su marido al 50% la propiedad de la empresa Aizoon, una de las que –según la Fiscalía– se sirvieron Urdangarín y su socio para vaciar patrimonialmente Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro que no podía repartir beneficios. Pero Anticorrupción mantiene que la Infanta no ostenta ningún cargo ejecutivo en esa sociedad, por lo que su vinculación es únicamente a nivel societario. La gestión y administración de Aizoon, destaca, está en manos de Urdangarín.
Horrach tampoco aprecia ningún indicio que vincule a Doña Cristina con la presunta actividad ilícita desplegada por Urdangarín y su entonces socio, Diego Torres, a través del Instituto Nóos y de Nóos Consultoría Estratégica con el objetivo de conseguir contratos de entidades públicas. Y, sobre todo, insiste en que no consta que «conociese» dicha actividad.
No hay delito
Respecto al posible cargo de gastos personales a las cuentas de Aizoon –que implícitamente reconoció Urdangarín en su declaración ante el juez Castro– el juez minimiza esa actuación y afirma que no se trataría en ningún caso de un delito, sino de una mera «irregularidad administrativa».
El duque de Palma declaró en los juzgados el pasado fin de semana que la Infanta «no desempeñaba ninguna labor» en Aizoon, una impresión ratificada con anterioridad por varios imputados.
En la misma línea, la Abogacía de Baleares rechaza también la citación como imputada de la Infanta al no apreciar tampoco indicios incriminatorios que la justifiquen. Con estos informes en la mano (y el del PP de Baleares, personado como acusación popular), el juez Castro deberá decidir si cita o no a Doña Cristina.
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