La Junta acusa a la juez de los ERE de «dañar» la imagen de Griñán

Sevilla- La Junta recurrirá parcialmente el último auto dictado por la juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, al entender que «da por buena la teoría del PP» de que la Consejería de Economía y Hacienda –de la que fue titular José Antonio Griñán entre 2004 y 2009 y Carmen Martínez Aguayo desde ese año hasta hoy– tenía que autorizar algunas subvenciones. Punto que la portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, calificó de «rotundamente falso», además de constituir, a su juicio, un «error de bulto» en la instrucción.

En concreto, la juez ha requerido documentación a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) –antiguo IFA– para conocer si las «actuaciones e inversiones» superiores a 1,2 millones de euros contaban con la autorización del consejero de Economía y Hacienda.

Trámite que Alaya considera «preceptivo» antes de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno. Sin embargo, Moreno defiende que es al Consejo Rector de la mencionada agencia al que corresponde dar luz verde, a propuesta de la Dirección General, a las inversiones «cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo sea igual o superior a 1.200.000 euros y ratificadas por el Consejo de Gobierno». Así consta en el apartado «h» del artículo 10 del Decreto 26/2007, de 6 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de IDEA. Punto en el que también se afirma que en las operaciones de endeudamiento sí será necesaria la autorización del titular de la Consejería de Economía «exigida en el artículo 70.4 de la Ley 5/1983, de 19 de julio». ¿Y qué marca esta Ley General de la Hacienda Pública andaluza? Que las empresas de la Junta que, en virtud de su normativa, puedan concertar operaciones de endeudamiento, dentro de los límites máximos fijados en los Presupuestos de cada ejercicio, «deberán ser autorizadas» por el titular de Economía. La Junta se agarra a estas normas para defender que las subvenciones de la Agencia IDEA, mayores o menores a 1.200.000, no necesitan del permiso de Griñán y no existe sustento legal para exigirlo. Desde ese convencimiento, no dudaron en acusar a la juez de hacer peticiones que «carecen de fundamento jurídico» con el objetivo, voluntario o no, de «dañar» al actual presidente de la Junta. En ese sentido, Moreno exigió «mayor cautela» al tribunal y que «actúe con mesura». El presidente andaluz fue apoyado también por su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, quien puso de relieve, como Alfonso Guerra, que los actos de Alaya «tienen lugar en plena campaña electoral».

Con todo, fuentes judiciales consultadas por LA RAZÓN señalan al límite presupuestario del endeudamiento como una posible vía de salida de la juez.
 

Lo fijado por la ley
- El punto 4 del artículo 70 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad establece que las empresas de la Junta «previstas en el artículo 6.1.b) de esta ley que, en virtud de su normativa específica, puedan concertar operaciones de endeudamiento dentro de los límites máximos fijados por la ley del Presupuesto de cada ejercicio, deberán de ser autorizadas por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda».

- Según el Decreto 26/2007, de 6 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Agencia IDEA, corresponde al Consejo Rector «aprobar, a propuesta de la Dirección General, las actuaciones e inversiones de la Agencia y sus empresas cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo sea igual o superior a 1.200.000 euros.

Alaya analizará hoy la imposición de fianzas a los imputados
sevilla- La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta «trama» de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), ha convocado hoy a las partes a una comparecencia en la que se analizará la pertinencia de imponer el pago de una fianza a las personas imputadas en este procedimiento que ya han prestado declaración judicial.

Y es que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado octubre a la juez que imponga una fianza, y de forma subsidiaria acuerde los embargos oportunos, a todas las personas imputadas en el caso, ya que han obtenido «un beneficio indebido y delictivo del que, de ser penalmente condenados, deberán responder reparando el daño causado a los fondos públicos, devolviendo las cantidades ilícitamente recibidas».

En esta causa permanecen imputadas más de una treintena de personas, entre ellas el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández.