Autonomías irresponsables

Son de agradecer las palabras balsámicas del director del FMI, quien muy cortésmente afirmó ayer ante Zapatero que la deuda española no es peor que la alemana o la francesa. La visita de Straus-Kahn a Madrid cierra el círculo de confianza que ha trazado el Consejo Europeo, con Merkel a la cabeza, en torno a España y a sus reformas económicas. Además de este apoyo explícito, el presidente del Gobierno logró en Bruselas su principal objetivo, que estaba erizado de dificultades, de relajar las tensiones que se habían ido acumulando sobre la capacidad de financiación de nuestra banca. Al hacerse públicos los test de resistencia de los bancos europeos y revelarse que los mejor calificados son dos españoles, el Santander y el BBVA, se vino abajo todo el montaje de rumores, insidias y especulaciones interesadas que pusieron en duda la solvencia de nuestro país y la calidad de su Banca. Sería injusto ningunear o minusvalorar la importancia de lo alcanzado el jueves en la UE, pues no sólo supone un espaldarazo a las medidas de ajuste tomadas por Zapatero, sino también el reconocimiento de que la sociedad española posee los recursos suficientes y la fortaleza necesaria, empezando por los bancos, para plantarle cara a la crisis. Analizar con realismo la coyuntura requiere también apreciar los puntos positivos y no sumirse en el pesimismo antropológico, tan nocivo como su contrario. Dicho lo cual, y siendo cierto que la deuda española es menor que la francesa o la alemana, Strauss-Kahn también sabe que el problema no es tanto el volumen, sino la velocidad del endeudamiento. Y el acelerón que ha sufrido nuestra deuda en los dos años últimos es el más vertiginoso de la UE. Especialmente preocupante es el ritmo que ha adquirido la deuda de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Según los datos publicados ayer por el Banco de España, la deuda de las autonomías se ha disparado un 28,4% en el primer trimestre del año y ha superado los 94.600 millones, la cifra histórica más alta. Pese a los compromisos de estabilidad presupuestaria que anualmente adquieren, los gobernantes autonómicos se han lanzado en los últimos años a una carrera de gastos tan innecesaria como suicida. No parece razonable que Cataluña acumule una deuda de 25.000 millones de euros (el 26,5% del total autonómico) o que Valencia adeude 15.000 millones. Lo mismo cabe decir de los ayuntamientos, que lejos de frenar la sangría de sus arcas, en el primer trimestre la han aumentado un 15%. En este capítulo, el ayuntamiento madrileño se lleva la palma, con una deuda superior a los 7.300 millones. Carece de toda lógica que mientras el Gobierno de la nación ha realizado el mayor tijeretazo social de la democracia y se ha sometido al examen de Bruselas, los gobiernos regionales sigan gastando alegremente como si el drama no fuera con ellos. Es urgente poner fin a este despropósito. Del mismo modo que la UE sancionará severamente a aquellos países que no cumplan con los objetivos del déficit, el Gobierno está obligado a corregir enérgicamente a las comunidades manirrotas e irresponsables que están disparando alocadamente la deuda pública.