Primera visita a la cámara de la muerte

El Gobierno de Japón mostró hoy por primera vez al escrutinio público una "Cámara de la Muerte"donde efectúa ejecuciones en la horca mediante un botón aleatorio, proceso rodeado hasta ahora de un absoluto secretismo.

La pena de muerte se aplica siempre en Japón en la horca con ayuda de verdugos y sin aviso previo al condenado, y hasta hoy nunca había podido contemplarse el lugar donde los presos son ejecutados, lo que había generado muchas críticas sobre su supuesta crueldad.

La ministra de Justicia, Keiko Chiba, decidió abrir la Cámara de Ejecución del Centro de Detención de Tokio, compuesta por cinco habitaciones, aunque sólo a los medios japoneses, y no mostró la cuerda con que se ahorca a los condenados ni el sótano donde caen sus cuerpos una vez ajusticiados.

Según las imágenes emitidas por la cadena de televisión pública NHK, la sala de ejecución tiene una trampilla en el suelo marcada con un cuadrado rojo donde se coloca el preso y, en el techo, una polea de la que debe colgar la cuerda.

La trampilla se abre cuando, desde otra habitación contigua conocida como "sala de los botones", tres verdugos aprietan a la vez sendos botones, de los cuales sólo uno acciona el procedimiento.

De esa forma, ninguno de los verdugos sabe quién ha sido el responsable de abrir la trampilla y causar la muerte del prisionero.

A los medios se les mostraron otras tres salas, en las que los condenados pueden hablar con religiosos y dejar un testamento, son informados oficialmente de su ejecución por el jefe de la prisión y una habitación desde donde ese responsable y los fiscales observan la ejecución.

Las imágenes de televisión dejaron ver salas muy limpias, casi asépticas, en las que, según los periodistas japoneses, olía a incienso, utilizado en los funerales budistas.

Hasta ahora el único testimonio que había de esas "Cámaras de la muerte"japonesas eran dibujos y se desconocía quién asistía a las ejecuciones, pues verdugos y guardianes tienen prohibido hacer cualquier comentario al respecto.

Japón es uno de los pocos países desarrollados con la pena de muerte como máximo castigo penal, que se aplica para delitos de sangre entre el mayoritario apoyo de la población y las críticas de los activistas pro derechos humanos.

La ministra de Justicia, que antes de su nombramiento formaba parte de la liga parlamentaria contra la pena de muerte, firmó en julio sus dos primeras sentencias de muerte, al tiempo que decidió abrir un debate y permitir el acceso de los medios a la "Cámara de la Muerte"de Tokio.

En rueda de prensa, Keiko Chiba dijo que era imposible enseñar más de lo que se ha mostrado hoy, "considerando los sentimientos de los presos, sus allegados y los guardianes de la prisión, además de los problemas de seguridad".

Chiba fue la primera ministra de Justicia que asistió a una ejecución el pasado 28 de julio, precisamente la fecha en que Japón cumplía un año sin aplicar la pena de muerte, y desde entonces no ha habido más ahorcamientos.

En el Centro de Detención de Tokio han sido ejecutados desde diciembre de 2006 16 condenados. Hay siete cárceles en Japón donde los presos pueden ser ahorcados.

Un total de 107 presos siguen en el "corredor de la muerte"en Japón y no sabrán que van a ser ejecutados hasta poco antes que se lleve a cabo la máxima pena, que se comunicará a sus familias sólo una vez aplicada.

Una muestra de que la pena de muerte ha estado siempre rodeada de secretismo en este país es que hasta diciembre de 2007 el Ministerio de Justicia ni siquiera divulgaba los nombres de los ajusticiados.

La ministra de Justicia asegura que quiere hacer más transparente el proceso pero las organizaciones defensoras de los derechos humanos criticaron hoy, por insuficiente, su decisión de abrir al escrutinio público la primera "Cámara de la Muerte".

Un portavoz de Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno que muestre, además del lugar de ejecución, cómo se aplica, en referencia a que el Ministerio no permitió abrir la trampilla ni mostró la cuerda de la horca.

Según AI, ello se debió a que el Gobierno "quiere ocultar la crueldad"con que se lleva a cabo el máximo castigo en Japón.