Derecho laboral
El Estatuto del consumidor regula las inspecciones en locales
Otra novedad que introduce el texto es la creación del Consejo de Consumidores y Usuarios de la Comunitat.
Valencia- Aunque parezca mentira, la inspección de consumo, un aspecto fundamental para la protección administrativa del consumidor, no contaba hasta ahora con ningún tipo de regulación. Esto va a cambiar con la aprobación del nuevo Estatuto del Consumidor, elaborado por la Conselleria de Industria.El Capítulo II de este texto establece en su articulado la definición de la inspección, su organización y funcionamiento, quién debe ser el personal inspector y qué tareas debe realizar, en qué debe consistir la actividad inspectora, cuáles son los límites de estos controladores, y otros muchos aspectos que hasta ahora no estaban recogidos en ninguna norma valenciana.El Estatuto, que fue presentado al sector y se encuentra en fase de presentación de alegaciones, prevé la creación del Consejo de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. Además, se introduce la figura del «agente del sistema», una figura de protección y defensa de los consumidores y que podrá estar representada por diferentes entidades, entre las que destaca la propia Generalitat.Otro aspecto novedoso del Estatuto es la introducción de colectivos de especial protección, que serían los niños y los adolescentes, los discapacitados, las personas mayores, los inmigrantes y las personas que se encuentren desplazadas temporalmente de su residencia habitual.Por otra parte, se introduce el derecho de los consumidores a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana. Establece que la Generalitat se fomentará el uso del valenciano en las relaciones de empresas y profesionales con los consumidores. Con este fin, adoptará medidas para que las condiciones generales de los contratos y las ofertas comerciales se faciliten también en valenciano, especialmente las de servicios básicos.Las Juntas Arbitrales de Consumo aparecen por primera vez en esta norma, y se configuran como órganos administrativos para articular y gestionar el arbitraje institucional de consumo
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