Pamiés ve «probable» que policías de la UCI diesen el «soplo» a ETA

MADRID- «No son ciertos los hechos que se hacen» en el auto de procesamiento. Fue la única frase que pronunció el ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés cuando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz le comunicó esa resolución, al igual que al inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros, quien tampoco declaró ni se le formuló pregunta alguna. El magistrado les imputa de forma indiciaria los delitos de colaboración terrorista y revelación de secreto, en relación con el «chivatazo» a ETA que frustró una operación contra el «aparato de extorsión» de la banda terrorista, el 4 de mayo de 2006.

De forma casi simultánea a esa notificación, la defensa de Pamiés presentaba el correspondiente recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, al considerar que en la decisión del juez Ruz no se aporta ningún nuevo indicio respecto a los que ya constaba en el procesamiento de julio de 2011 y fue anulado por la Sala de lo Penal en noviembre del pasado año, al considerar que no se habían agotado todas las posibilidades de investigación. «No existe un sólo elemento nuevo que confirme de alguna manera las sospechas sobre los procesados», se destaca en el recurso.

Un aspecto relevante esgrimido por la defensa de Pamiés –ejercida por los abogados José María Fuster y María Ponte– es el supuesto conocimiento por éste de las informaciones filtradas a Elosúa en el bar «Faisán» de Irún, que, según el magistrado, se desprende del análisis del tráfico de llamadas del día anterior al «soplo» registrada entre el procesado y la jefa de sección de Análisis. Este aspecto es negado por la defensa: «La información carece de apoyo objetivo, siendo mucho más probable que la filtración partiera de los funcionarios de la UCI –Unidad Central de Información–, los cuales conocían todos la información suministrada».

La «forma rocambolesca de producirse la filtración –se añade– apunta a alguien sin capacidad de mando, que tiene que valerse de subterfugios para evitar una detención», en contra de lo que sostiene Ruz en su auto.

«En absoluto es indicio»
En relación con las llamadas entre funcionarios de Policía, el recurso alude a la diferencia de trato respecto a Víctor García-Hidalgo, a quien el magistrado ha exculpado en este procedimiento: «Ese tráfico de llamadas fue el que sustentó la imputación del director general de la Policía, y ahora se entiende que dicho tráfico de llamadas no es fundamento suficiente para procesarle. Por la misma razón (...), si no es suficiente para imputar al director general de la Policía, tampoco es indicio suficiente para considerar acreditado que Enrique Pamiés conocía la información suministrada a Elosúa. En absoluto es indicio».

La conclusión a la que llega la defensa es que los datos que señala el juez Ruz son «insostenibles con un mínimo de seriedad», y que, en cambio, persisten «todas y cada una de las críticas» que formuló la Sala de lo Penal de la Audiencia en relación con las hipótesis del Equipo de Investigación.

«¿Qué móvil puede tener?»
Si en ese «chivatazo» a ETA no existió ningún móvil de carácter político, «¿qué móvil pueden tener dos funcionarios de Policía –Pamiés y Ballesteros– que llevan toda la vida luchando contra el terrorismo?», se pregunta la defensa de Pamiés en el recurso contra el auto de procesamiento, aspecto que, señala al respecto, queda «huérfano de explicación» en el auto de procesamiento. Junto a ello, critica que el juez negara credibilidad a lo declarado por Pamiés sobre que el día del soplo tuvo una cita con un confidente: «Existen dos declaraciones en autos que afirman la existencia del confidente y de la cita ese día» y que el acusado «antepone la seguridad del confidente a su propio futuro».