El PSOE tampoco permite que se investigue el fraude a discapacitados

Sevilla- Empresas que se quedaron con el dinero correspondiente a personas con discapacidad; altos cargos de la Consejería de Empleo denunciados por no abonar las subvenciones a empresas que sí cumplían la normativa pese a recibir los fondos europeos destinados para este cometido. Ninguno de estos dos motivos le pareció ayer suficientes al PSOE para abrir una comisión de investigación en el Parlamento. No es novedad: el PP ha presentado 13 iniciativas de este tipo y todas fueron rechazadas.

«Nos repugna moral y éticamente todo lo que significa malversar fondos públicos, sobre todo a colectivos especialmente débiles», dijo el diputado socialista Ángel Gallego. Sin embargo, este argumento no fue suficiente para que su Grupo apoyara que la Cámara andaluza estudie la gestión de esos fondos.

El fraude al colectivo denunciado en los tribunales funcionaba de la siguiente forma: una empresa contrataba a personas discapacitadas y, tras recibir las subvenciones de la Junta –que financiaba un 75 por ciento del salario–, los despedía sin pagarles antes de que acabara el periodo de pruebas y se quedaba con las ayudas públicas.

La segunda rama de este presunto fraude afecta también a Empleo, ya que algunas empresas han denunciado que la Consejería ha retrasado de forma intencionada los pagos a las entidades que sí cumplían todos los requisitos. El dinero, proveniente de fondos europeos, se ha destinado a otras necesidades.

¿Dónde están esos millones de euros?, se preguntaba la diputada popular Teresa Ruíz Sillero. La portavoz del PP aseguró que los socialistas «quieren tapar el fraude, la corruptela y los desmanes que existen en la Consejería de Empleo, un departamento que está bajo sospecha de corrupción». Se refería así a caso de los ERE, las ayudas a la formación y los fondos europeos a la contratación.

Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, apoyó la propuesta popular porque «a la Consejería de Empleo hay que ponerle luz y taquígrafos». Valderas criticó el rodillo socialista y apoyó una reforma –el PP también lo hace– para que un partido con mayoría absoluta –como es el caso del PSOE– no pueda vetar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.

Pese a las peticiones de PP e IU, el PSOE se negó «para no generar un estado de sospecha sobre las instituciones» y acusó al PP de «fascismo funcional» por utilizar esas iniciativas para obtener beneficios políticos.

La última comisión de investigación en el Parlamento andaluz se celebró en 1995 sobre la condonación de préstamos a dirigentes socialistas por la Caja de Jerez.

La Cámara no reprueba la gestión de Salgado
El Pleno del Parlamento rechazó, con los votos en contra del PSOE-A y la abstención de IULV-CA, una Proposición no de Ley presentada por el PP-A en la que se pedía que la Cámara reprobara a la vicepresidenta del Gobierno en Asuntos Económicos y Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, por su política económica y financiera «contraria» a los intereses generales de Andalucía.

El diputado del PSOE-A Francisco Vallejo justificó la negativa de su formación argumentando «la inutilidad de la propuesta, la falta de legitimación histórico-política del PP para hacer un planteamiento de estas características y la falta de consistencia de los argumentos que se han expuesto».

En defensa de la iniciativa, la portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, indicó que como prueba del «agravio constante» con Andalucía y de las «pésimas» decisiones tomadas por Salgado, la Junta ha presentado tres recursos, dos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y uno ante la Audiencia Nacional, por la penalización que supone para Andalucía el efecto de la devolución de los 400 euros del IRPF en el Fondo de Suficiencia Global en 2008, por la percepción de entregas a cuenta por el Fondo de Suficiencia menores a las que corresponderían y por la suspensión de los anticipos de los recursos adicionales del nuevo sistema de financiación, abonados en 2008 y 2009. Oña también recordó el pago en solares de la deuda histórica.