El PP apunta a una nueva dimisión por «presiones» de la Junta en los ERE

Sin embargo, el intercambio dialéctico entre Manuel Recio y el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, que no fue precisamente de guante blanco, aportó novedades. Y alguna sorpresa. «¿Ha dimitido en las últimas horas alguien más?», preguntó el dirigente popular, quien seguidamente apuntó al interventor delegado de la Consejería de Economía e Innovación. Las causas: «presiones inadmisibles» por la trama de los expedientes de regulación de empleo y «discrepancias muy graves» con el titular de la Consejería, Antonio Ávila. Sobre este asunto, el consejero de Empleo, al que las palabras de Sanz lo cogieron a contrapié, sólo dijo que es «una pregunta que no le se contestar. No tengo ni idea», a lo que añadió el argumento oficial esgrimido hasta ahora de que «nadie ha sido presionado en el periodo en el que estoy como consejero».

De confirmarse finalmente esta dimisión, se sumaría a las tres que se han producido recientemente en la Consejería de Empleo: la directora gerente del SAE, el jefe de gabinete de Recio y el director general de Formación Profesional. Asimismo, en el ambiente de suspense que se ha empeñado en crear el PP antes de hacer cualquier tipo de acusación formal, Sanz deslizó nuevas posibles ilegalidades en vísperas del Pleno de hoy en el que su grupo volverá a entrar con toda la artillería en la polémica de los ERE. «¿Confirma que se han dado préstamos a empresas, sin orden, sin publicidad y luego se condonaban esos créditos? Diga sí o no. Como quería temas nuevos, yo se los saco».

También aludió el dirigente del PP al uso del «fondo de reptiles» para «pagar nóminas atrasadas» o incluso para «resolver huelgas de limpieza». «¿Se ha destinado el dinero para subvencionar operaciones de compra de medios de comunicación afines al PSOE?», añadió Sanz, quien amenazó con que «sólo se sabe el 10 por ciento» del caso. «Átese los machos, consejero», le recomendó. Respecto al envío de información al juzgado, Recio volvió a desplegar el discurso oficial: que Empleo envió la documentación de forma «completa y exhaustiva» y el desorden se corresponde con el estado original, ya que la Junta ha evitado a toda costa cualquier tipo de «elaboración» o «manipulación».

Tanto la juez Mercedes Alaya como el Ministerio Fiscal han pedido a la Junta de Andalucía que remita la documentación sobre los ERE al juzgado que instruye el caso de forma ordenada. Contundente se mostró Alaya en un auto fechado el 17 de mayo. La magistrada reprendió a la Consejería de Empleo por remitir «un cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos», en alusión a los ERE y a las ayudas a 67 empresas que están siendo objeto de investigación. Las condiciones del envío son «inauditas», abundó la juez, quien además subrayó el carácter «incompleto» de la documentación.

Pagos con cuenta gotas a los prejubilados
Los sindicatos UGT-A y CC OO-A replicaron ayer a la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, quien el martes lamentó la «desconfianza inmerecida» hacia el Gobierno andaluz de los prejubilados acampados frente a San Telmo, que «quienes deben tener malestar son los compañeros que están con sus huesos en el suelo». Varios centenares de trabajadores siguen frente a la sede de la Presidencia de la Junta para pedir el pago de las cantidades atrasadas de sus correspondientes pólizas. Hay más de un millar de prejubilados que no cobran desde hace cinco o seis meses, una situación derivada fundamentalmente de la quiebra de la aseguradora belga Apra Leven.

Tras reunirse con IU, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, consideró que «está claro quiénes son los que tienen motivos para tener malestar. Tienen motivos las organizaciones sindicales, con las que el consejero de Empleo, Manuel Recio, personalmente adquirió un compromiso de pagos en un tiempo determinado y eso no se ha cumplido». La Junta sí dio ayer la orden de pago correspondiente para que los 33 prejubilados de Nilefós –empresa ubicada en el Polo Químico de Huelva– puedan cobrar los atrasos que se les adeudaban. El Defensor del Pueblo Andaluz se ha comprometido asimismo a mediar con la Administración en este contencioso.