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Castilla y León
Nuevas expectativas tras el desbloqueo de las ayudas al carbón
«El Gobierno ha mantenido una incertidumbre innecesaria para los mineros y sus familias». Así de contundente se mostraba el consejero portavoz de la Junta, tras conocerse el secreto que desbloquea las ayudas al carbón. De esta manera, dijo, se demuestra que no era «ilegal» lo que reclamábamos sin tener que esperar al fallo desde Luxemburgos.

Tras conocerse esta noticia, desde Comisiones Obreras en León, se manifestaba que la normalidad plena en el sector del carbón se alcanzará cuando todos los trabajadores mineros, afectados por diferentes expedientes de regulación de empleo se incorporen a sus puestos.
Su secretario provincial, Alberto González Llamas, se mostraba satisfecho por la publicación del Real Decreto del Carbón, que supone el cumplimiento del primer compromiso del acuerdo y que en plazo de tres días las empresas mineras y las eléctricas tengan que tener cerrados los contratos que establezcan los precios por entrega, informa Ical.
Mientras, la Federación acional de Empresarios de Minas de Carbón, Carbunión, apuntaba al 2011 como un «año clave» para recuperar el sector minero, al tiempo que insistió en su compromiso con el levantamiento de todos los expedientes de regulación de empleo a medida que se vaya recuperando la actividad en las térmicas.
Mientras, la portavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, reiteró la responsabilidad política e institucional de la Junta y de su presidente, Juan Vicente Herrera, para dirigirse a la Xunta de Galicia con objeto de que retire el recurso que incentiva la quema de carbón autóctono.
En este sentido, el ministro de Industria y Comercio, Miguel Sebastián, ha pedido al presidente de la Junta que intermedie ante su compañero de partido y homólogo gallego, Alberto Núñez Feijoo, para que la Xunta retire dicho recurso ante el Tribunal de Junsticia de Luxemburgo contra el Decreto de Ayudas al carbón. De Santiago-Juárez zanjó la cuestión arguyendo que es responsabilidad del Gobierno de la nación armonizar los intereses de todos los territorios de España.
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