Dos de los jueces que avalaron a Bildu deberían haber salido del TC hace 6 meses

MADRID- El 17 de mayo de 2008 fallecía por causas naturales en su domicilio de la urbanización El Bosque, en Villaviciosa de Odón, Madrid, a la edad de 65 años, el hasta entonces magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo. Fue designado por el Congreso en octubre de 2001 a propuesta del Partido Popular, junto a Eugeni Gay (CiU), Elisa Pérez Vera (PSOE) y Javier Delgado (PP). El fallecimiento de García-Calvo supuso una alteración en el equilibrio de fuerzas entre «conservadores» y «progresistas» dentro del Alto Tribunal.

Cuando se produce su muerte, Rodríguez Zapatero llevaba ya dos años en el poder. Lo lógico y la obligación constitucional era haber procedido de inmediato a cubrir la vacante dejada por el fallecimiento de García Calvo.

Hasta la entonces presidenta del TC, María Emilia Casas, criticó con dureza ese hecho en su último discurso al frente del Alto Tribunal, en la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados, el pasado mes de enero. «La tristeza por su muerte se ahonda ante la constancia de que el Congreso no ha encontrado el tiempo preciso para cubrir su vacante».

Desde ese momento, el tribunal se encuentra en una situación anómala y sin respetar lo dispuesto en la legislación en cuanto a que el TC debe estar integrado por doce magistrados. De haber cumplido el Congreso con su obligación, de «encontrar tiempo» para ello, no es nada descartado aventurar que la resolución sobre Bildu hubiese provocado una polémica todavía mayor.

Con la última renovación de cuatro de sus miembros, el denominado «sector progresista» cuenta con siete magistrados, una amplia mayoría respecto a los cuatro que integran el «bloque conservador». Sin embargo, en la decisión que permite a Bildu concurrir a las elecciones del 22-M el magistrado Manuel Aragón, propuesto por el Gobierno de Zapatero, se alineó con las tesis de los cuatro «conservadores» y se postuló a favor de confirmar la sentencia del Tribunal Supremo que consideraba que la citada coalición, de la que Eusko Alkartasuna es su cara más visible, estaba instrumentalizada por ETA/Batasuna. Así, la resolución se aprobó por un estrecho seis votos a favor y cinco en contra.

La pregunta es inevitable: ¿Qué hubiese pasado si la vacante de García-Calvo estuviese cubierta, tal como establece la propia legislación al respecto?. Pese a que es del todo imposible contestar, si se hubiese respetado que la designación fuese a propuesta del PP, tal como sucedió en magistrado fallecido, no es aventurado sostener que se hubiese inclinado por rechazar las alegaciones de Bildu.

Ante ese hipotético panorama, la pregunta surge de forma inevitable: ¿hubiese ejercido Pascual Sala su voto de calidad, al que tiene derecho como presidente, para desempatar?, ¿Estaríamos hablando de un «Rumasa 2» y del coste que ello conlleva? ¿Se habría buscado una fórmula mixta, en la línea de la que abogó el magistrado del Supremo José Manuel Sieira, de anular las listas donde la «contaminación» por Batasuna fuese evidente, para así sacar adelante una resolución con un mayor consenso.

Son preguntas que no podrán tener respuesta, aunque lo único cierto es que de haber cumplido el Legislativo con su obligación, hoy seguiría formando parte del Tribunal Constitucional y habría participado en la resolución sobre el recurso de Bildu. Y estaría en el TC pese a que el mandato para el que fueron nombrados ya habría expirado, al igual que el de Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, que debieron abandonar el cargo en noviembre de 2010. Los dos primeros votaron a favor de Bildu. En la negociación de PSOE y PP para renovar esas tres plazas y la de García Calvo, existe un acuerdo en que ambos partidos propondrán a dos magistrados. También de haberse llevado a cabo esa renovación en plazo, la duda sobre la decisión final también planea.

Otras pugnas TC-Supremo
- Mediación del Rey. En 1994, el TC otorga el amparo en un caso de paternidad contra una decisión del Supremo y los magistrados de este último llegan a pedir la mediación del Rey.
- Mesa HB. El Supremo encarceló a 23 miembros de la Mesa Nacional de HB, pero el Constitucional les concedió el amparo en julio de 1999 y salieron a la calle.
- Los Albertos. El TC absuelve en 2008 de un delito de estafa a Alberto Alcocer y Alberto Cortina y la polémica con el TS sobre la prescripción de los delitos alcanza su punto álgido.