Las reformas para allanar el camino al Estatut irritan a jueces y fiscales

Sin ir más lejos, tres de las cuatro asociaciones de la Judicatura y la mayoritaria agrupación de fiscales advierten a LA RAZÓN de que la modificación legal planteada para que los consejos autonómicos de Justicia puedan asumir competencias del Consejo General del Poder Judicial «puede acarrear un nuevo recurso de inconstitucionalidad».

Para el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, el Gobierno está tratando de «burlar de alguna manera la sentencia que dictó el Constitucional por medio de una reforma que podría provocar, incluso, otro recurso de inconstitucionalidad». Según indica, cualquier reforma del Poder Judicial debe tener unos «límites clarísimos» que están en las «competencias que establece la Constitución para el órgano de gobierno de la Justicia que no es otro que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y éstas, no pueden modificarse por Ley orgánica ni ser transferidas ni delegadas a los consejos autonómicos», asegura. Son el «núcleo duro» que «la propia sentencia del TC dice que pertenecen al CGPJ» entre las que estarían los nombramientos, los regímenes disciplinarios... Sexmero lamenta que, si la Constitución ha garantizado la unidad judicial de los tribunales, «ahora por vía autonómica se intente quebrar».

En cuanto a la reforma de la casación asegura que podría hacerse por ley orgánica aunque «sin limitar la capacidad del Supremo para unificar doctrina, un papel que recoge la Constitución».

«Regatear la sentencia»
Respecto a este asunto, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) calificó ya de «extremadamente preocupante» los pasos del Gobierno para intentar rescatar el Estatut tras las sentencia del Alto Tribunal. Por ello, considera que lo que intenta el Gobierno es «regatear la sentencia con unas ideas difícilmente asumibles». A la APM le resulta paradójico que sea el titular de Justicia, Francisco Caamaño quien impulse esa reforma ya que antes de conocer el fallo del Estattut «se aburrió de repetir que era plenamente constitucional». En cuanto a reformar la casación considera que se correría un «grave riesgo si el papel unificador del TS se ve mermado» incurriendo incluso en una posible inconstitucionalidad.

Desde la Asociación de Fiscales, su portavoz Pilar Jiménez considera que el anuncio de reforma presentado por el Ejecutivo con el fin de adaptarlo al Estatut, ya cuenta con el pronunciamiento del TC «y no cumplirlo y buscar subterfugios para no acatar su sentencia no es tolerable en un estado de derecho, es un atentado contra él». Por ello, sugirió a Caamaño que siga los criterios que ya ha marcado el Constitucional. «El TC está democraticamente investido para garantizar la constitucionalidad de todas las normas de rango inferior a la Constitución. Cualquier norma que vaya en contra sería ilegal y mostraríamos nuestra oposición en todas las formas a nuestro alcance».

Conrado Gallardo, portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI) valora de forma «negativa» la reforma que trata de impulsar el Gobierno. «Ya advertimos de que era inconstitucional y que rompía la unidad del Poder Judicial», afirma. Desde el FJI lamentan que «con la que está cayendo», el Ministerio de Justicia «insista en dedicar toda su energía en una reforma con la que no va a mejorar el funcionamiento de la Justicia. El ciudadano no va a notar una mejoría de la Justicia».

Sin embargo, la posición de José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia es distinta al resto. Considera la reforma de los consejos autonómicos de Justicia como algo que «puede resultar positivo y ayudaría a profundizar en la descentralización». Asimismo cree que la reforma de la casación podría desatascar el trabajo del Tribunal Supremo y reforzar el papel institucional de los tribunales superiores de justicia.