Desmontando la primavera egipcia

EL CAIRO- Los egipcios salieron a la calle el pasado 25 de enero para pedir democracia, libertad y, ante todo, justicia. Dignidad humana. Nueve meses después, poco o nada ha cambiado, a pesar de que el ex presidente Hosni Mubarak fuera derrocado el 11 de febrero después de 30 años de dictadura. Uno de los egipcios que estuvo luchando contra su régimen desde incluso antes de la revolución, el activista Alaa Abdel Fatah, fue encarcelado ayer de forma preventiva por un periodo de 15 días tras comparecer ante un tribunal militar que le acusa de incitación a la violencia en la manifestación por los derechos de los cristianos coptos que acabó en una masacre a principios de mes.

El activista estuvo presente en esa marcha, que fue brutalmente atacada por las Fuerzas de Seguridad y el Ejército, que acusa a los manifestantes de haber desencadenado los enfrentamientos, en los que fallecieron al menos 26 personas, la mayoría pertenecientes a la minoría religiosa y muertos por herida de bala o aplastados por vehículos militares. El caso, que en la red se conoce como «@alaa», es una muestra más de la represión sistemática por parte del Ejército egipcio, que gobierna el país desde la caída de Mubarak, de forma todavía más brutal que éste si cabe. Los militares no aceptan críticas y se han mostrado especialmente duros con los activistas y blogueros, atentando contra esa libertad de expresión, que fue una de las principales demandas de la revolución. Alegando la estabilidad y seguridad de Egipto, el Ejército viola abiertamente los derechos humanos fundamentales y los tribunales especiales se han convertido en su principal arma contra los disidentes: manifestantes, blogueros y activistas son juzgados por la vía militar a pesar de ser civiles, una tendencia que las ONG locales e internacionales han denunciado reiteradamente. Desde el pasado mes de febrero, se calcula que 12.000 personas han pasado por los tribunales militares.

Pero los civiles tampoco representan una garantía de justicia en un país donde el sistema judicial siempre ha estado al servicio del régimen. Después de muchos retrasos, la semana pasada se conoció por fin el veredicto contra los dos agentes de policía que golpearon hasta la muerte al bloguero Jaled Said en junio de 2010: siete años de cárcel. No fueron acusados de asesinato, sino de tratamiento cruel, y obtuvieron la menor pena estipulada, desatando así la ira tanto de la familia como de los revolucionarios, para los que el joven fue un símbolo y una inspiración. La primera gran manifestación de aquel 25 de enero fue convocada precisamente en nombre de Jaled Said. Poco ha cambiado para las víctimas y para los verdugos: el viernes pasado, Issam Atta moría en prisión supuestamente torturado por la Policía, cuyos métodos no han variado desde la marcha de Mubarak, quien hizo de las Fuerzas de Seguridad el pilar de su sistema autoritario. El joven fue condenado a dos años de cárcel por un tribunal militar y se encontraba en la prisión de máxima seguridad de Tora, a las afueras de El Cairo, la misma donde están retenidos los exponentes del antiguo régimen.

Según activistas proderechos humanos, el joven de 24 años murió después de que le fuera introducida una manguera en la boca y en el ano, aunque, según la versión oficiosa, Atta habría fallecido por ingerir diferentes tipos de drogas: los médicos habrían encontrado sustancias prohibidas en su estómago. Un caso que ha recordado demasiado al de Jaled Said, que supuestamente murió asfixiado al tragar una bolsa con drogas antes de que la Policía le arrestara. Y una nueva gota que se suma al vaso de la paciencia egipcia, sobre todo la de los revolucionarios, que aseguran que la lucha continuará, ahora contra ese Ejército que es el régimen, pero con diferente cara.