El Tribunal de Cuentas atiende a la Fiscalía e investigará a Invercaria

SEVILLa-El Tribunal de Cuentas analizará el posible menoscabo de fondos públicos en la sociedad pública de inversión y gestión de capital riesgo de Andalucía (Invercaria), organismo público dependiente de la Junta. Mediante un auto emitido el pasado julio al que ha tenido acceso este periódico dictamina que se trasladen las actuaciones a la sección de enjuiciamiento y que se nombre a un delegado instructor que revisará las irregularidades detectadas en el informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía en 2011 correspondientes al ejercicio de 2009.
El Fiscal Jefe del órgano fiscalizador trasladó en abril la necesidad de investigar algunos de los hechos detectados en la empresa de capital riesgo «que podrían ser generadores de presuntas responsabilidades contables». Entre las asuntos apuntados por la Cámara de Cuentas en su informe, recordaba que se habían detectado tres trabajadores «que siendo contratados por Invercaria y recibiendo retribuciones mensuales a cargo de ésta, no prestan de forma justificada sus servicios en ella». En concreto, pese a que la sede de Invercaria se encuentra en Sevilla, uno de los trabajadores ocupaba el puesto de secretaria de dirección del Observatorio de Empresas de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia; otro era director adjunto de la Fundación Eduarda Justo, con sede en Almería; y el tercero, director del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Marbella. El coste para Invercaria de estos tres contratos ascendía a 161.861,12 euros.

En el mismo informe del órgano de control regional se señalaba que la empresa pública no realizaba procesos de selección de personal «basados en la igualdad, el mérito y la capacidad». Esos tres empleados no eran una excepción.
La segunda cuestión sobre la que la Fiscalía puso el acento eran los gastos de la tarjeta VISA del ex presidente Tomás Pérez-Sauquillo –al que sucedió en el cargo Laura Gómiz, presidenta de Invercaria durante los trabajos que elaboró la Cámara de Cuentas y la presunta responsable de ordenar la elaboración de informes falsos para tapar las irregularidades–. Sólo en 2009, el ex presidente gastó 25.101,09 euros en concepto de «relaciones públicas», la mayoría correspondientes a facturas de restaurantes.

Pese a que la Administración andaluza formuló una serie de alegaciones en las que justificaba los hechos –los tres trabajadores formaban parte de la Consejería de la que depende la sociedad de capital riesgo y los gastos del ex presidente estaban «justificados»–, el auto considera que no desvirtúan lo expuesto en el informe de fiscalización que originó este proceso, que también se encuentra en fase de instrucción en el juzgado 16 de Sevilla.

El PP, irónico: «¿Es también cosa de 3 o 4 golfos?»
El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, reclamó ayer explicaciones al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ante el «monumental escándalo» de Invercaria y se preguntó si se trata «también de 3 o 4 golfos», la versión que la Administración andaluza defiende en el caso de los ERE fraudulentos. Sanz se refirió al informe de la Policía Científica, avanzado ayer en estas páginas, y que otorgaba veracidad a las grabaciones en las que la ex presidenta instaba a los empleados de Invercaria a reconstruir expedientes de inversiones antiguas y recordó que Griñán aseguró que esos archivos de audio estaban manipulados y defendió a Laura Gómiz.