Qué Justicia queremos por Rafael Lara

Los secretarios judiciales llevamos demasiado tiempo con la frustración de ver cómo se incrementa la demanda y no se puede responder adecuadamente. Esta experiencia de vivir en un sistema organizativo agotado que hemos de cambiar, y ver tantas personas que acuden a los juzgados esperando demasiado tiempo ver una primera respuesta, se ha agravado hoy con la crisis. La tutela judicial efectiva exige un servicio público universal sustentado por una organización eficaz y accesible a todos independientemente de su capacidad económica. El planteamiento subsiguiente es el que tantas veces hemos sentido en nuestros destinos: qué Justicia debemos y podemos tener, cuál disfrutamos, y cuál queremos tener. Es la Justicia que tenemos con los recursos disponibles y cómo los aprovechamos la que podemos tener. Pero no la que queremos, si no atajamos la desproporcionada entrada de asuntos (más de 9 millones en 2011), pues hay una realidad que se observa cuando vemos ese porcentaje casi absoluto de sentencias de instancia confirmadas en apelación, y estamos permitiendo el bloqueo del ejercicio del derecho fundamental a la tutela al malbaratar el recurso a esa segunda respuesta. El gobernante no debe permitirlo. La implantación de un sistema que permita frenarlo es respuesta lógica a este mal o innecesario uso, indebida prolongación, demostrada cuando se confirma la sentencia; así se garantizará una debida tutela judicial efectiva para todos, pues de verse revocada esa primera decisión reconociendo el derecho, la aportación exigida se verá reintegrada. Esta tasa, figura vigente ya en nuestro orden jurídico para quien tenga capacidad de costearla, permitirá en los demás casos mejorar los recursos disponibles para seguir garantizando la tutela efectiva de todos los ciudadanos.