Sólo uno de los cuatro nuevos miembros del Constitucional es juez

La carrera judicial no ha salido muy bien parada del pacto PSOE-PP para renovar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional –María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, presidenta y vicepresidente, respectivamente, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata–, cuyo mandato expiró en diciembre de 2007. Más bien, se desprende todo lo contrario del acuerdo, ya que sólo uno de ellos, Francisco Hernando, procede de la Magistratura.

Los otros tres, Adela Usúa, Luis Ortega y Francisco Pérez de los Cobos, cuya candidatura registró ayer mismo en el Senado el PP, dejarán sus respectivas cátedras de Penal, Administrativo y del Trabajo, para incorporarse al Alto Tribunal. La paridad, en esta ocasión, ha quedado también marginada.

Como ocurre en toda negociación, el acuerdo entre los dos principales partidos ha dejado «víctimas colaterales» en el camino. En primer lugar, a los partidos nacionalistas, como CiU, PNV y Coalición Canaria, formaciones que han visto cómo ninguno de sus candidatos ha sido elegido.

Pero, sobre todo, los miembros de la carrera judicial, algunos de ellos en cargos relevantes, han sido los grandes perjudicados. En este apartado, el PP se jugó todas sus cartas en dos nombres, los dos magistrados: Francisco Hernando y Enrique López. Al rechazar el Senado la «idoneidad» de este último, sólo le quedaba el ex presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. De hecho, ha tenido que buscar un nuevo candidato para cerrar el acuerdo, renunciando, al menos en esta renovación parcial, a Enrique López.

Pero, además, han quedado fuera tres magistrados del Tribunal Supremo (Encarnación Roca, Óscar González González y Nicolás Maurendi), el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Ignacio Espinosa), el ex presidente del TSJ de Andalucía Augusto Méndez de Lugo (propuesto por el Parlamento andaluz) y el actual presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes. Todos ellos fueron propuestos por las asambleas de distintos parlamentos autonómicos.

Este acuerdo ha levantado ampollas en la carrera judicial. Antonio García, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se quejó ayer a LA RAZÓN de que con esta decisión «se está ninguneando a la carrera judicial». «No nos ha pillado de sorpresa –añadió–, he hablado con un buen número de compañeros en las últimas horas que me han trasladado su extrañeza y disgusto al respecto». Y es que, según afirma, los jueces «se han sentido marginados».

«Siempre hemos pensado –recuerda– que al Constitucional deben acceder personas con trayectorias intachables y absolutamente contrastadas en lo judicial». García no se anda por las ramas: «La Judicatura debería ser el principal caladero para seleccionar a los miembros del TC». «Esperemos –concluye– que en las propuestas del Congreso se corrija esta marginación».
Menos tajante se muestra Conrado Gallardo, portavoz del Foro Judicial Independiente. «El TC es un órgano eminentemente político y en absoluto debe estar compuesto mayoritariamente por magistrados. La elección de catedráticos no me parece mala solución si son personas capacitadas».