El PSOE andaluz cierra filas «lejos» de Mercasevilla

Sevilla- El PSOE de Andalucía intenta correr un tupido velo sobre los «efectos colaterales» de la estrategia que comparte con la Junta de Andalucía para eludir cualquier responsabilidad en las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Mercasevilla, aprobados en 2003 y 2007 en el seno de la propia Administración autonómica. El consejero de Empleo, Manuel Recio, dejó en manos de su ex delegado provincial Antonio Rivas las competencias en la autorización de ambos expedientes, y la dirección regional socialista prefiere pasar de puntillas sobre este asunto sin despejar las dudas creadas en torno a su antiguo responsable público.
No hace demasiado tiempo que la ejecutiva provincial del PSOE encabezada por José Antonio Viera, y con Susana Díaz como «número dos», defendía a capa y espada la inocencia y honradez de Antonio Rivas, pese a su imputación por la presunta petición de comisiones ilegales al Grupo La Raza para la consecución de una escuela de hostelería subvencionada por Empleo.
Nueva estrategia
Ahora, la Consejería deja solo a Rivas al frente de los ERE investigados por la Justicia. Y Susana Díaz, ascendida a secretaria de Organización del PSOE andaluz, hace prácticamente los mismo.
 La dirigente socialista se limitó ayer a negar que Manuel Recio «haya echado la pelota en el tejado de nadie» respecto a las responsabilidades en Mercasevilla. En su opinión, el consejero de Empleo «ha actuado como tenía que actuar, remitiendo toda la información a los juzgados».
Volvió a garantizar que los socialistas son «contundentes» en el esclarecimiento de los hechos, recalcando que quien haya cometido alguna ilegalidad «tendrá que pagarla. En el PSOE tenemos tolerancia cero contra la corrupción», por lo que «seremos impecables» en la colaboración con las autoridades judiciales.
Dicho esto, Díaz avaló la cruzada judicial socialista contra el presidente del comité de empresa del mercado central de abastos, Rafael Domínguez, por opinar que la aparición de personas ajenas a la empresa entre los beneficiarios de las prejubilaciones –incluido un ex dirigente del PSOE de Jaén– podría estar relacionada con algún tipo de financiación irregular de este partido político. Según Europa Press, la secretaria regional de Organización socialista advirtió de que no permitirá que «nadie» vuelva a vincular las anomalías investigadas con un sistema de financiación ilegal de su formación.
Nombró expresamente al portavoz municipal y alcaldable del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, a quien exigió «la misma contundencia» que exhibió en Madrid para «poner el amplificador» al caso cuando se demuestra que «compañeros suyos no han obrado como tienen que obrar».

El PP insisteen el Congreso
El secretario del Grupo Popular, José Luis Ayllón, confirmó ayer que su partido llevará de nuevo al Congreso el «caso Mercasevilla». En la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles, el diputado Ricardo Tarno preguntará a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, qué medidas está adoptando el Ejecutivo ante las irregularidades.