Gaesco acusa al Gobierno local de «desviar fondos» de los convenios

El sector de la construcción se siente tan «engañado» por el equipo de Gobierno que ya ha perdido la poca confianza que le quedaba en el Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo, cuya gestión proclaman carente de «credibilidad». Gaesco califica de «fraude a la ciudad» el uso de más de la mitad del dinero de los convenios urbanísticos en actuaciones que poco tienen que ver con los sistemas generales e infraestructuras previstos para el desarrollo de sus terrenos y el crecimiento de Sevilla, en general. En asamblea general extraordinaria, los empresarios decidieron ayer iniciar los «análisis técnicos, jurídicos y económicos» oportunos para emprender, si procede, acciones legales contra el Ayuntamiento por el «desvío de fondos» reconocido la pasada semana por el propio delegado de Urbanismo, Manuel Rey, en el Foro Gaesco.Según la patronal, 55 de los 70 convenios urbanísticos firmados dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) suponen unos ingresos de 229.761.553,50 euros, de los que el Ayuntamiento percibió 172.115.560,09 euros en metálico. El presidente de la entidad, Miguel Rus, recordó que las empresas «no son ONG», así que esperaban que estos fondos se dedicaran a la adecuación de las conexiones viarias, comunicaciones, suministros y demás servicios imprescindibles antes del desarrollo de sus suelos.En cambio, Urbanismo confirmó a Gaesco que ha gastado 99.828.47677 euros –más de la mitad de las cantidades percibidas desde 2006– en proyectos como el Metropol Parasol, los carriles bici o la Plaza de España. El organismo municipal defiende que el dinero está bien invertido porque estas actuaciones son «sistemas generales», pero los empresarios insisten en que se trata, más bien, de «equipamientos, porque no construyen ciudad ni contribuyen a su desarrollo».Por eso, la patronal exige «responsabilidades a todos los niveles» del Ayuntamiento y reclamará, por la vía judicial si es preciso, la planificación de unos sistemas generales que «ni siquiera están diseñados casi dos años después de la aprobación definitiva del PGOU» y «garantías en presupuestos futuros» de su consecución, toda vez que ya no otorgará validez a ningún anuncio municipal «hasta que las licitaciones de las obras estén publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia».Desde la Gerencia se asegura que quedan 73.769.544,65 euros de los convenios que se destinarán a la primera fase del arco noroeste de la SE-35, al inicio de la ronda urbana Palmas Altas-Pítamo y, de nuevo, al último modificado del Metropol Parasol. Miguel Rus advirtió de que «Gaesco llegará hasta el final» en la depuración de responsabilidades, pero indicó que cada empresario decidirá en última instancia si prefiere la devolución del dinero depositado o el desarrollo de sus suelos.La Ranilla acumula un sobrecoste de tres millonesAdemás de criticar la «descoordinación, el despilfarro y la ocultación» del dinero de los convenios por Urbanismo, el Partido Popular alertó ayer sobre otro gran proyecto municipal con sobrecostes. Se trata del complejo en construcción en la parcela de la antigua cárcel de La Ranilla para albergar la Jefatura de la Policía Local y el área de Movilidad, que deberá sumar a su coste tres millones de euros adicionales. Según el portavoz adjunto del PP Francisco Pérez, las obras están casi paralizadas debido a la «incertidumbre» de la empresa ante una ampliación presupuestaria que se retrasa «por un error administrativo achacable sólo a los políticos». Primero, los responsables socialistas de Movilidad y Seguridad «no lograron ponerse de acuerdo para compartir un mismo centro de control» tecnológicamente avanzado y, segundo, el interventor frenó el proyecto modificado en diciembre pasado porque «ya había obras en marcha» y, por tanto, la única vía legal es el reconocimiento de crédito. La concesionaria ya ha dejado claro que «será imposible» cumplir el plazo de entrega en noviembre y Pérez auguró más sobrecostes en el equipamiento del centro.