Otro golpe a la administración paralela: el TSJA frena un encargo a una fundación

SEVILLA- Mientras la Junta de Andalucía ultima los estatutos de sus nuevas agencias públicas empresariales entre las protestas de los funcionarios y la cascada de recursos en los tribunales, aparecen nuevas sentencias que confirman el abuso de la «administración paralela» que el Ejecutivo andaluz ha hecho en los últimos años previos a la aprobación del «decretazo». El TSJA ha dictado una sentencia que ratifica la suspensión cautelar de una encomienda del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la Fundación Andaluza de Fondo Formación y Empleo (Faffe) y condena al Gobierno andaluz a pagar las costas del proceso. El fallo es del pasado 21 de marzo y reafirma el auto del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Sevilla de junio de 2010.
El TSJA da la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja), que fue quien denunció la encomienda del SAE a Faffe, y mantiene que el auto impugnado realiza «una valoración circunstanciada de los intereses en conflicto». El Alto Tribunal andaluz asegura que «del examen efectuado resulta que el juzgador de instancia estuvo plenamente acertado en la ponderación de los factores concurrentes, en la valoración de lo actuado, en sus razonamientos, y asimismo en las conclusiones del Auto que constituye el objeto de la actual apelación».
El referido auto era concluyente en sus razonamientos jurídicos, ya que recordaba que las «funciones encomendadas a Faffe venían siendo realizadas por los funcionarios adscritos a la Consejería de Empleo y más concretamente al SAE; mientras que la no adopción de la medida –cautelar– haría perder la finalidad legítima al recurso puesto que los trabajadores de la Faffe ejercerían potestades públicas».
El encargo del SAE a Faffe consistía en la explotación de datos derivados de la gestión de la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados y tenía un coste de 903.959,01 euros.
Safja ya paralizó dos encomiendas a Sadesi y la Agencia IDEA y tiene recurridas otras encomiendas que, sólo en el caso de Faffe, suman casi 28 millones de euros.