Demanda de la sociedad civil

El tono pesimista que el presidente del Gobierno empleó el pasado jueves en el Congreso para referirse a las perspectivas económicas supone un giro sustancial en el discurso del Gobierno, hasta ahora artificialmente optimista, y pone de relieve que las dificultades a las que se enfrenta España no son coyunturales ni superficiales. La crisis doble que padece nuestra economía, la financiera de origen internacional y la inmobiliaria de naturaleza doméstica, ha puesto en jaque no sólo las tasas de empleo y ciertos aspectos del Estado de bienestar; sobre todo, ha desvelado que el modelo productivo es inservible en una economía globalizada y que, de no refundarlo sobre bases más sólidas, España corre el riesgo cierto de decadencia y empobrecimiento. Sobre este sucinto diagnóstico han reflexionado un centenar de empresarios y expertos convocados por la Fundación Everis y sus conclusiones, recogidas en el informe «Transforma España», han sido entregadas al Rey Don Juan Carlos y a los líderes políticos. Sería un despilfarro y una irresponsabilidad que estos últimos echaran en saco roto sus recomendaciones, sobre todo las que les afectan directamente como gobernantes y gestores del interés público. La radiografía de los expertos constata que el paro desbocado, el crecimiento débil y el déficit abultado comparten una misma causa: no somos competitivos, gastamos más que ingresamos, compramos más que vendemos y otras economías, empezando por las emergentes, nos superan ampliamente. Para hacerles frente es imprescindible ganar en competitividad, lo cual se consigue de dos formas: bajando los costes de producción, léase salarios, o aportando valor añadido; la suma de ambas parece la más realista. No obstante, el valor añadido de un producto no se improvisa de la noche a la mañana, sino que es fruto de un sistema de formación universitario y profesional riguroso, exigente, conectado a las necesidades del mercado y basado en la excelencia y el talento. Por tanto, urge una reforma educativa en profundidad, alejada de los tics ideológicos, muy distinta a la que ha esbozado el ministro Gabilondo sin el consenso de la oposición. Éste es el primero de los pactos de Estado que se requiere para cambiar el modelo económico, pero no el único. También es imprescindible pactar el tamaño y el funcionamiento de unas Administraciones eficientes, racionalizar el mapa autonómico que la voracidad regionalista ha convertido en un freno del mercado, ajustar las dimensiones del Estado de bienestar, adaptar la legislación a los nuevos desafíos de la economía globalizada, reformar el sistema financiero, fortalecer la independencia de los órganos de control y apostar por la innovación. Ni PP ni PSOE pueden abordar en solitario este conjunto de retos. Ambos partidos se enfrentan a la grave responsabilidad de consensuar, a salvo de los vaivenes electorales, las bases de un nuevo modelo económico en el que la marca España sea garantía de éxito, en vez de una rémora sospechosa. De no asumir estas obligaciones que demanda con urgencia la sociedad civil, dentro de 10 años retrocederemos a los años 90 y todos seremos mucho más pobres.