Los ex cobrarán 26 millones en 24 meses

MADRID- Ha comenzado la cuenta atrás para los miembros del Gabinete de Zapatero. Hoy compartirán por última vez en la Legislatura que toca a su fin la reunión del Consejo de Ministros. Como en los anteriores encuentros desde el 20-N, éste estará marcado por la interinidad del Gobierno en funciones y, por tanto, su agenda no encerrará excesivas sorpresas, amén de la renuncia al cargo del fiscal general del Estado una semana antes de que le cese el nuevo Ejecutivo.

José Luis Rodríguez Zapatero será el primero en dejar el Gobierno. El próximo martes saldrá de La Moncloa para no volver camino a la investidura de Mariano Rajoy como presidente. Después de ceder el testigo al PP, sus ministros en funciones dejarán de serlo en vísperas de la Nochebuena. Unos pocos renunciarán a la vida pública, aunque la inmensa mayoría ocupará sus escaños en el Congreso de los Diputados. Para unos y para otros deberán transcurrir dos años, período legal de incompatibilidades, antes de asumir un cargo privado. Por eso, en ese plazo seguirán percibiendo sus nóminas. En total, cobrarán 2,61 millones de euros durante 24 meses el presidente, los dos vicepresidentes y los trece titulares de carteras salientes.

De los diez ministros que se refugiarán en la Cámara Baja (todos salvo Salgado, Gabilondo, Sebastián, Garmendia y Sinde), tres podrían dejar por diferentes motivos la bancada socialista. Francisco Caamaño no descarta volver a la Universidad. Mientras, Antonio Camacho planea su reincorporación a la carrera fiscal, una vez se resuelva el «caso Faisán». José Blanco, por su parte, podría verse obligado a renunciar a su acta de diputado, si se demuestra su implicación en el «caso Campeón». Además de a Camacho y a Blanco, los escándalos judiciales persiguen a Manuel Chaves. El ex presidente de la Junta de Andalucía deberá resolver la presunta implicación de su familia en el caso de los EREs.

Eso sí, los que se van y los que se quedan en el mundo de la política seguirán muy de cerca la larga travesía del desierto que inicio el PSOE el 21 de noviembre pasado, después del castigo sin precedentes infligido por las urnas el 20-N. En el partido ya se han alzado voces partidarias de realizar una profunda autocrítica de la lección dada por los ciudadanos. Algunos ministros, aunque aún en privado, responsabilizan directamente al presidente del Gobierno del resultado electoral, como si ellos no hubieran pasado por su Gabinete. Creen que sus electores no les han perdonado el recorte aprobado en mayo de 2010, un tijeretazo social desconocido en la historia democrática española. Otros, como José Blanco, que ha dado un paso atrás en la vida política por el «caso Campeón», prefieren poner el acento de la autocrítica en la lejanía del partido de la sociedad.

La realidad es que los españoles han penalizado en las urnas los bandazos dados por el Gobierno. La improvisación ha sido su marchamo. Como botón de muestra, el Ejecutivo «regaló» en 2008 a los contribuyentes una deducción generalizada en el IRPF de 400 euros y se vio forzado a eliminarla en la siguiente campaña.