Piden 800000 € por una mujer que murió por lavar en casa ropa con amianto

La demanda es una pionera iniciativa jurídica que por primera vez plantea las indemnizaciones por contaminación por amianto por la vía laboral, al considerar el hogar de la afectada como un centro de trabajo de Uralita, por obligar a los operarios a lavar la ropa en casa cuando esa tarea debería asumirla la fábrica, ha explicadola abogada de la familia, Ester Costa.

Hasta ahora, los daños provocados por el amianto a personas ajenas a la empresa se han indemnizado únicamente por la vía civil: en julio de 2010, un juzgado de Madrid condenó a Uralita a pagar 3,9 millones de euros a medio centenar de vecinos que estuvieron expuestos al polvo de amianto generado por las fábricas de fibrocemento de Cerdanyola del Vallés y Ripollet (Barcelona).

La demandante murió hace unos días debido a un mesotelioma pleural irreversible que desarrolló cumplidos los 40 años, un tipo de cáncer que los estudios médicos relacionan exclusivamente con la contaminación por fibra de amianto, mineral prohibido en España desde el año 2002.

En su adolescencia, la mujer convivió durante cinco años con su tío, operario de la empresa Uralita de Cerdanyola del Vallès, en una casa situada a apenas tres kilómetros de la fábrica, y era la encargada, junto a su madre, de lavar la ropa que el operario usaba para trabajar, según Esther Costa, del bufete Colectivo Ronda.

Costa ha presentado una demanda por daños y perjuicios en el ámbito laboral, a la espera de juicio en los juzgados de Sabadell (Barcelona), que exige 806.000 euros de indemnización a Uralita para el viudo y los dos hijos de la fallecida por vulnerar la ley de seguridad e higiene en el trabajo que obligaba a las empresas a lavar en la fábrica la ropa expuesta al mineral.

Las ventajas de intentar conseguir esa indemnización por la vía laboral son varias: el coste para sacar adelante una demanda individual en un juzgado civil es muy elevado y, en el caso de perder, hay que pagar las costas del proceso, lo que incluye los gastos de la otra parte.

Además, una demanda presentada en un juzgado de primera instancia suele tardar un promedio de ocho o nueve años en resolverse hasta que la sentencia es firme y se ejecutan las eventuales indemnizaciones, mientras que la vía laboral es mucho más rápida.

Por el momento, el juzgado social que ha admitido la demanda ha aceptado juzgarla por la vía laboral, aunque los representantes de Uralita podrían plantear la incompetencia de jurisdicción el mismo día de la vista oral, con lo que en última instancia el juez acabaría decidiendo en sentencia.

La letrada de la fallecida presentará una prueba pericial -que la demandante se hizo hace tiempo, consciente de que no llegaría viva al juicio- que concluye que el cáncer pleural que le segó la vidas fue provocado por la exposición a la fibra de amianto, mineral capaz de permanecer en la ropa en porcentajes muy elevados.

Sobre ese punto no existe discusión médica, según Ester Costa, por lo que la controversia se centrará en determinar si la víctima se contaminó a través de la ropa de su tío o por vivir en las inmediaciones de la fábrica, en cuyo caso su única salida sería demandar a Uralita por la vía civil.

Esta demanda supone un nuevo frente jurídico en la lucha contra los daños provocados por el amianto, que hasta ahora ha cosechado éxito por la vía civil y la laboral -en el caso de exempleados de las fábricas-, mientras que fracasó en la penal.

Por su parte, una portavoz de Uralita consultada ha defendido que la empresa siempre cumplió la legislación en materia de seguridad laboral y medioambiental, aunque ha declinado aclarar su postura ante esta demanda, a la espera de que sean los tribunales quienes decidan.