Minieólica: el Decreto del mes que viene por Francisco Javier Forte presidente de APPA Minieólica

Las energías renovables constituyen la verdadera revolución energética del siglo XXI. Estas tecnologías permiten obtener energía de recursos infinitos, lo que permite a nuestra economía huir de la peligrosamente alta dependencia energética de las importaciones. En 2010, el 88,7 por ciento de la energía consumida en España tuvo que importarse. El volumen de las importaciones energéticas no solo desequilibra nuestra balanza comercial sino que nos pone en una situación muy delicada al hacernos extremadamente vulnerables a cambios en los precios de los combustibles fósiles. La reciente aprobación del Plan de Energías Renovables 2011-2020 está encaminada a corregir este grave problema, apostando por las energías limpias y, de forma específica, con objetivos particulares para tecnologías que aún no se han desarrollado de forma suficiente como la minieólica.

La energía minieólica no sólo reduce la dependencia energética de nuestro país sino que permite a nuestro sistema energético evolucionar hacia un modelo de generación distribuida en el que los ciudadanos puedan convertirse en generadores de su propia energía eléctrica. Las características de esta tecnología la hacen especialmente indicada para la integración arquitectónica, por lo que tejados de viviendas, naves industriales, instalaciones agrícolas o centros comerciales pueden ser aprovechados para la generación eléctrica renovable.

El sector nacional de eólica de pequeña potencia ha evolucionado sin un marco regulatorio que permita su desarrollo en España, razón por la cual los fabricantes han destinado sus esfuerzos a los mercados internacionales, donde poseen una merecida fama. A lo largo de los cuatro últimos años el sector ha dedicado grandes esfuerzos para conseguir la aprobación de un decreto que regulase la generación mediante minieólica. El IDAE y el Ministerio de Industria han trabajado conjuntamente con el sector, hasta el punto de que el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables y el borrador del Plan de Energías Renovables 2011-2020 recogen, por primera vez, objetivos específicos de energía eólica de pequeña potencia. Tampoco debemos olvidar la importante labor desarrollada por el Ministerio de Innovación y Ciencia a través del Ciemat.

Desgraciadamente, unos objetivos no sirven de nada si no existe una legislación que regule el desarrollo nacional de esta tecnología. Una legislación que ha visto tres borradores pero ninguna publicación en el BOE. El "Decreto del mes que viene", como ya se le conoce en el sector después de dos años de postergadas publicaciones, no verá la luz con el actual Gobierno. Nuestro país desaprovecha así la oportunidad de disponer de un marco regulatorio específico como tienen otros países desarrollados (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Francia, Italia o Portugal, por citar algunos).

En estos cuatro años que el sector lleva reclamando una regulación específica, otros países de nuestro entorno han tenido un desarrollo ordenado y racional de esta tecnología, cambiando importaciones energéticas por empleo nacional que ha aprovechado la energía del viento a una escala más racional para su utilización directa por parte de la ciudadanía. Si existe una voluntad real de impulsar la energía distribuida, de implicar a la sociedad no sólo en la gestión de su consumo sino también en la producción real y efectiva de su energía, el Gobierno que salga de las urnas el 20 de noviembre deberá impulsar un sector que desarrollará un entramado empresarial de fabricantes e instaladores revitalizando, de forma efectiva, el empleo local. Adicionalmente, la implicación de la ciudadanía en la generación permitirá que la sociedad cambie su percepción de la dificultad que entraña la generación eléctrica y la necesidad de consumir de forma eficiente.

Los 300 megavatios de minieólica, marcados como objetivo para 2020, permitirán la generación de energía distribuida en entornos urbanos, semi-urbanos, industriales y agrícolas, a la vez que crearán un entramado industrial que dará trabajo a más de 15.000 personas, algo muy necesario dadas las cifras de desempleo. Pero para conseguir esto, es necesaria una regulación con rango de ley.

La nueva economía verde constituye uno de los casos más claros de revolución industrial a nivel internacional y la evolución hacia un modelo de generación distribuida ha de ser impulsado como uno de los pilares sobre el que conseguir una recuperación económica más justa, más democrática y más sostenible.