Los empleados públicos acorralan a Griñán con su agenda de protestas

SEVILLA- Los trabajadores afectados por el decreto de reordenación de las empresas públicas, que denuncian el trato privilegiado a 20.000 empleados que no han pasado procesos selectivos para obtener el puesto, le están haciendo un marcaje al presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Allí donde va el máximo mandatario andaluz o alguno de sus consejeros, van ellos con sus protestas y sus pancartas. Además, la agenda de movilizaciones la están intensificando, al tiempo que sigue la ofensiva en los tribunales de Justicia y se une más gente a las dos principales plataformas: Agua Pública, integrada por los casi 1.700 empleados de la Agencia Andaluza del Agua –que se fusionará en contra de su voluntad con la mercantil Egmasa– y Defiendo Mi Derecho y la Función Pública. Sin duda, la cercanía del 1 de enero de 2011, fecha en la que tiene que estar en marcha la reestructuración del sector público, está ejerciendo de palanca entre los afectados.
Los empleados del sector público empresarial tenían bajo acecho al presidente andaluz, después de que el pasado domingo se librara de la asonada en la Plaza de España de Sevilla por estar en un acto de partido en Almería y que sí tuvieron que capear el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y el alcalde de la capital, Alfredo Sánchez Monteseirín. Ayer encontraron la oportunidad en Jaén, precisamente la provincia más beligerante y que ha sido la avanzadilla de las movilizaciones.
Griñán acudió a inaugurar los nuevos estudios de Música del conservatorio de la capital y, tal y como se preveía, se encontró con medio centenar de empleados públicos que esgrimieron pancartas y lanzaron gritos de protesta.
El presidente de la Junta se defendió asegurando que detrás de estas protestas puede haber «personas que tengan intereses en mentir o en ganar unas elecciones sindicales con bulos». En este sentido, hizo hincapié en que «ningún personal o funcional laboral de la Junta va a perder su puesto de trabajo», que «todo funcionario va a seguir siendo funcionario, trabaje en el organismo que sea, organismos centrales, periféricos u organismos autónomos»; que «todo personal laboral va a mantener su convenio colectivo hasta que se renueve o mientras no se renueve»; y que «ninguna persona se hará funcionario en la Junta de Andalucía sin las pruebas correspondientes».
Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció ayer que su partido presentará el próximo día 27 un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto para reformar el sector público, ya que, según Arenas, éste se ha aprobado con «nocturnidad y alevosía» para «institucionalizar la Administración paralela» de la Junta de Andalucía.
En general, los motivos en los que se fundamenta el recurso de los populares se apoyan en que el decreto «vulnera el derecho público a acceder, ejercer y permanecer en las funciones y los cargos públicos en condiciones de igualdad», lo que lesionaría los derechos de los funcionarios tras la «contratación a dedo». Además, considera que incumple el mandato estatutario que impide al Gobierno andaluz dictar este tipo de normas salvo en el caso de extraordinaria necesidad y añade que se ha llevado adelante sin pasar por la Mesa Sectorial de Negociación de la Función Pública.

Movilización «in crescendo»
La protesta más significativa fue la que tuvo lugar el pasado domingo, durante la reinauguración de la Plaza de España de Sevilla. No estaba Griñán, pero Chaves y Monteseirín sí tuvieron que aguantar el tipo ante una sonora pitada que acabó sobrepasando mediáticamente los límites de la comunidad. La acción que abrió la espiral de protestas tuvo lugar el 16 de septiembre, cuando un grupo de empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua accedieron a la Cámara e increparon al presidente andaluz. Ahora las movilizaciones se endurecen. El jueves fue el consejero de Medio Ambiente el que también en Jaén tuvo que enfrentarse a las pancartas.