Lo que Chaves no quiere ver

El fraude de las jubilaciones andaluzas no es un asunto de cuatro golfos, como Chaves quiere hacernos creer. Es algo mucho peor: una trama de pillaje encajada en la propia administración que él presidió. 650 millones de euros procedentes de los impuestos de todos los andaluces fueron sustraídos al control público –y esto es lo trascendente– por decisiones de la propia Junta de Andalucía para, una vez convertidos en dinero opaco, ser distribuidos entre determinadas empresas sin ningún tipo de publicidad y fiscalización.
Ésta es la naturaleza del delito, tal como lo describe la Policía. ¿Cómo fue posible? Mediante la ingeniería burocrática de un régimen espoleado por un sentimiento de impunidad tras décadas de poder incuestionado: un convenido con la Consejería de Empleo cedió al Instituto de Fomento, sometido a un control administrativo laxo, el reparto de los fondos. ¿Entre quiénes? Se deduce de la conversación que dos empresarios extorsionados grabaron al director de Mercasevilla, origen de todo el escándalo: «La Junta colabora con los que colaboran».
Las empresas «amigas» recibieron ayudas que no se publicaron nunca en el Boletín Oficial, negándose al resto de las empresas en dificultades económicas la información y la posibilidad de acceder a ellas. ¿Para qué? No desde luego para ayudar a «criaturas necesitadas», como ayer dijo el que fuera director de Trabajo con Chaves. En pesetas, la cifra es mareante: 100.000 millones. Lo verdaderamente grave, que se repartieron entre partidarios y simpatizantes al amparo de una fórmula pergeñada por la propia administración para eludir su fiscalización y permeable a toda una red de intermediarios y bribones encargados de burlar la Inspección de Trabajo. Por cuantía y naturaleza, el caso más grave de cuantos se investigan hoy en España por la gestión de fondos públicos.