El «doble juego» de la Junta con El Algarrobico

SEVILLA-La secretaria de Estado para el Cambio Climático y la Biodiversidad, Teresa Ribera, ha anunciado esta semana que el Ministero de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Junta de Andalucía ultiman un protocolo para derribar el hotel situado en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). El Gobierno central financiará la demolicion del inmueble y el autonómico se hará cargo del posterior desescombro y la recuperación ambiental del paraje natural.
Nada más se sabe por el momento del contenido de ese acuerdo sobre un hotel, promovido por Azata del Sol, que está inmerso en más de una veintena de pleitos judiciales. Se desconocen datos tan básicos como el coste de la operación que se baraja.
En ese sentido, la Asociación de Empresarios Turísticos de Carboneras y diversos grupos ecologistas han tachado de «electoralista» el acuerdo, que se rubricará con un Ejecutivo central saliente, y han criticado su oportunidad, dado que aún no existe una resolución judicial por parte del TSJA sobre la legalidad de la licencia de obras del complejo hotelero. Acusación que no comparte el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. Sin embargo, tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción dudan de que el protocolo anunciado se cumpla, más allá de los compromisos políticos adquiridos «ante los micrófonos».
Para la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, el convenio que se «arma» es significativo por cuanto «supone que ambas administraciones están reconociendo que el hotel es ilegal y allana el camino para su derrumbe», asevera. Pero matiza: «Aunque no nos fiamos del doble juego de la Junta que sigue defendiendo la legalidad de la edificación en los tribunales».
Opinión que comparte el coordinador de Ecologistas en Acción en Almería, Marcos Diéguez, quien afirma «desconfiar de una Administración que supuestamente presentó en los tribunales mapas oficiales del parque que no eran los que se publicaron en el BOJA, en los que justo la zona del hotel aparecía fuera del espacio protegido». Punto en el que recuerda también que el Ayuntamiento de Carboneras calificó de urbanizable el hotel en el Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó en 2009.
Esta organización ecologista solicitó el pasado martes la ejecución provisional de la sentencia que declaró nula la licencia de obras. De ser aceptada,«el edificio se quedaría sin protección y con la normativa urbanística andaluza en la mano, se podría demoler», mantienen fuentes judiciales.
«Esa ejecución provisional del fallo implicaría que el Ayuntamiento tendría que revisar el permiso para construir que dio en su día, al ser declarado ilegal y no habría motivos judiciales ni políticos para que no se tumbara», explica Diéguez.
Hay precedentes de demoliciones similares. En concreto en Andalucía, en enero de 2002 fue derribado en la playa de Zahara de los Atunes (Cádiz) el Gran Hotel de Atlanterra; un establecimiento que, como El Algarrobico, nunca hospedó a cliente alguno. La voladura, en la que se emplearon 1.200 detonadores y 175 kilos de goma-2 y para la que fueron necesarias la colocación de 1.119 barrenos y la perforación de 325 pilares, se produjo después de 25 años de litigio. Varias máquinas excavadoras y decenas de camiones retiraron 105.000 toneladas de escombros del esqueleto del Atlanterra, que se desplomó como un castillo de naipes.
Ese mismo año se derribó también la ciudad de vacaciones del Club Med, en el cabo de Creus, con más de 400 bungalows. Costó 3 millones de euros echar las viviendas abajo y la Generalitat de Cataluña se gastó 4 en la gestión de los residuos de las obras y el restablecimiento del entorno. En total, recuperar el paraje costó 11,5 millones y 7 años de trabajo. En aquella ocasión se retiraron 39.000 metros cúbicos de escombros y el Ayuntamiento tardó en conceder los permisos. Algo que desde Greenpeace esperan que no suceda en Carboneras.
Diéguez va más allá y deja claro que Ecologistas se opondrá a que «si hay que pagar indeminización a la empresa, se haga con dinero público». «Han de ser los políticos de la Junta y del Consistorio que permitieron que se levantara El Algarrobico, los que paguen de su bolsillo. Los corruptos que manejan a su antojo el urbanismo han de ser castigados», proclama.