Abandonados por la justicia

Les une una tragedia similar y una lucha común: la de mejorar la Justicia en España. Juan José Cortés vio cómo una persona sobre la que no se había ejecutado una orden de arresto presuntamente acabó con su hija de cinco años, que fue hallada en las marismas tras una larga búsqueda. Antonio del Castillo sigue esperando que se localice el cadáver de su hija Marta, desaparecida desde el pasado 24 de enero, y clamando para que «hagan hablar a los asesinos». Coinciden en que el actual Código Penal «protege tanto al delincuente» que «la víctima queda desamparada».

–Han pasado años, meses, desde que sus familias se vieran marcadas por la tragedia. ¿Cómo asimilan el paso del tiempo y de los acontecimientos?
–Antonio del Castillo: La desesperación es total y absoluta al ver, después de tanto tiempo, con un asesino confeso en la cárcel, estando los cómplices y los encubridores localizados, que no hay manera ninguna de resolver este problema. A simple vista, éste es un delito de cuatro niñatos que, para la Policía Nacional, se supone, que debería ser fácil de resolver...
–Juan José Cortés: La reducción de la penalización de la secretaria Juana Gálvez de dos años a seis meses por no ejecutar la orden de prisión de Santiago del Valle [el presunto asesino de Mari Luz Cortés] nos ha afectado muchísimo ha sido un mazazo. Estoy muy desanimado, hasta el punto de que decidí no acudir a la manifestación del viernes, convocada por la Plataforma Marta del Castillo para el endurecimiento de las penas. Me parece que no es razonable que una sanción se rebaje. No sé a qué se acogen para este tipo de actos, que lo que hacen es sembrar la duda entre los ciudadanos y la desconfianza en la Justicia. Una sanción administrativa del órgano correspondiente llega a otro órgano y, en lugar de confirmarla o endurecerla, la rebaja. No es justo. Además, situaciones como el traslado de juzgado de Rafael Tirado sólo pasan en España, en otros países no. Los jueces son parte del sistema y no tienen que ser tratados de una manera especial, encima con los beneficios con que se trata a estas personas. Son funcionarios del Estado y deben aceptar, en este caso, unas medidas disciplinarias que no se ciñen a la Justicia.
–¿En qué momento deciden que tienen que hacer algo más y se encuentran en el centro de un auténtico movimiento social?
–A. C.: No pienso que esté liderando un movimiento social. Simplemente he repetido lo que se escucha en la calle en el día a día: «Fulanito ha cometido un delito, le echaron 60 años y ha cumplido diez». Eso es lo que he expuesto ante todo el mundo, ante quien me ha querido escuchar. Realmente, eso es lo que tenemos. Hay leyes, pero no son justas. Y no sé por qué, pero nadie las quiere arreglar. Nunca he visto la Ley como algo que me conviniera manejar en caso de cometer un delito, pero por lo visto hay personas que sí. Quienes hacen las leyes las hacen desde un pedestal, donde no saben ni cuánto vale un café porque se lo toman en la cafetería de La Moncloa, y no en un bar de barrio. La Ley hay que hacerla desde la calle, desde la sociedad, teniendo en cuenta a los policías, que están en contacto diariamente con los delincuentes, a los jueces, a los abogados... Pero mientras sigan haciendo las leyes quienes las hacen, los que estamos abajo no tendremos respuesta positiva alguna.
–J. J. C.: Sencillamente, movilizarnos y luchar resulta una necesidad urgente. Entendí desde el principio que, si hubiera habido un Juan José Cortés hace seis años, mi hija no habría fallecido porque la Justicia se hubiera puesto en alerta. No habría dado lugar a esto.
–Para que no haya malentendidos, ¿qué reformas reclaman exactamente?
–A. C.: En un principio, pedimos un protocolo de actuación inmediata para menores que, afortunadamente, ahora ya funciona. También pedimos que estos delincuentes cumplan las condenas íntegramente, porque, si tienen buena conducta en la cárcel, es porque dan menos problemas al funcionario; pero a quien no tienen que dar problemas es a la gente en la calle, no a ese funcionario que está haciendo su trabajo y cobrando. Y pedimos un referéndum popular, porque ya está bien de que los políticos decidan qué es mejor para nosotros. Si la gente quiere cadena perpetua revisable, como en el resto de Europa, porque no estamos pidiendo que tiren la llave al mar, que lo decida al pueblo.
–J. J. C.: Solicitamos el endurecimiento de las penas, la cadena perpetua, lo que piden los ciudadanos españoles, y el cumplimiento íntegro de las condenas. Principalmente, que en los delitos de pederastia o sexuales se cumplan íntegramente las condenas impuestas.
–De momento, el Gobierno no parece estar por la labor de atender sus peticiones. ¿Qué les anima a seguir adelante?
–A. C.: Este Gobierno no se va a bajar del pedestal, porque piensa que todos somos buenos y que en este país no hay más problemas que los financieros. No creo que este Gobierno haga nada, pero deberá tomar conciencia de la realidad social. Desgraciadamente, primero fueron los padres de las niñas de Alcàsser, los de Sandra Palo, los de Mari Luz... Ahora he llegado yo, y mañana vendrá otro con la misma desgracia y pidiendo las mismas cosas. ¿Cuántas víctimas tendrá que haber? En asuntos de Justicia, que es lo que más nos afecta, la política maltrata a los ciudadanos de a pie.
–J. J. C: El Gobierno está comprometido a cambiar el Código Penal y a tomar las medidas que está pidiendo la calle. El compromiso está ahí, pero los pasos son muy lentos. Esperemos que de aquí a final de año, o del que viene, el cambio por fin sea efectivo.
–¿Cuáles son ahora sus principales miedos?
–A. C.: Mi principal temor es que no se consiga sacar a estos individuos el paradero del cuerpo de mi hija, y que salgan de la cárcel uno a uno, como ya ha pasado con quien, en principio, decían que era la cabeza pensante de la desaparición del cadáver. Una vez más, la justicia está bastante alejada de la realidad. Me llama la gente para contarme sus problemas y no sé qué consejo les puedo dar. La última fue una mujer, porque un señor había intentado violar a su hija. Por lo visto, no era la primera vez que ocurría algo así, y ya está en la calle. Éstas son las leyes que tenemos. ¿Qué quiere esta mujer que le diga? ¿Cómo le puedo decir que confíe en la Justicia, cuando a mí mismo se me está quitando la confianza? Además, nos sentimos un poco desprotegidos, porque creía que la Policía Nacional trabajaba con efectivos suficientes todos los días y los fines de semana, pero parece que no es así.
–¿Es mucho decir que están pasan por uno de los momentos más duros?
–A. C.: La excarcelación de Francisco Javier (el hermano del asesino confeso, Miguel Carcaño) está entre los momentos más dolorosos, y el desamparo de las víctimas. Ellos (los imputados) tienen todos los derechos del mundo, pero todavía nadie me ha dicho qué derechos tenemos nosotros, o mi hija. Y como tampoco se les puede sacar la verdad de ninguna manera, pues estamos en un punto muerto. No somos partidarios en absoluto de la tortura, pero preguntaría a nuestros políticos si han pensado alguna vez en la tortura de los padres. Quienes saben dónde está (el cuerpo de su hija), están protegidos dentro de las cárceles. No digo que lo estén pasando bien, pero disfrutan de una tranquilidad que nosotros no tenemos.
–J. J. C.: (Tras un significativo silencio). Hay momentos muy duros. Cuando apareció mi hija, cuando desapareció, los cincuenta y tantos días buscando; el enterarte de que el asesino estaba libre por un error judicial aún fue más duro, que no sancionen como se merecen..., te hace ver que hay una gran irresponsabilidad por parte de ciertas personas.
 –Antonio, ¿cree que sería necesario montar ya otro dispositivo de búsqueda?
–A. C.: Sí, habría que buscar más, plantear otro dispositivo. Hay un testigo que vio algo en la dársena del río, ¿por qué no se busca allí y se descarta? Pero no me hacen caso, porque dicen que por ahí pasa la Guardia Civil y que mira el barco de Lipasam... No sé por qué no buscan profundamente, ni tampoco qué es lo que tienen entre manos. La Policía trabaja en silencio, estoy de acuerdo; pero lo están haciendo tan en silencio que ni se les ve ni se les escucha.
–Al menos, el protocolo de protección inmediata para menores está funcionando...
–J. J. C.: Todo lo que sea reforzar y fortalecer el sistema de búsqueda y actuar de la manera más eficaz en caso de desaparecidos me parece extraordinario y bien acogido por la sociedad en general.
–¿Tienen aún capacidad para sorprenderse?
–A. C.: Ya no me sorprende nada, sobre todo de estos tipos (los imputados). Ahí están, también, el desconsuelo y la desesperación. Es algo que tengo todo el día en la cabeza, muchas veces se me ocurren cosas y me pregunto por qué no lo ha pensado la Policía antes. Me paso por la comisaría de vez en cuando... Hace unos días tuvimos una reunión, y me dijeron que están trabajando mucho y que este caso es su prioridad número uno. Pero el paso del tiempo está haciendo mella en la familia.
–J. J. C.: A mí tampoco me sorprende nada. Independientemente de todos los medios que faltan para que la Justicia funcione adecuadamente, se precisa un mayor compromiso de la función pública y una mayor profesionalidad.
–Juan José, ¿cree que en otro país de Europa no habría sucedido un «caso Mari Luz»?
–J. J. C.: Probablemente. Hay muchas lagunas en España y muchas deficiencias, pero estamos en disposición de poderlas arreglar. Que cada uno haga lo que bien pueda para que estas tragedias no pasen más.
–¿Tienen prisa por ver a los imputados en el banquillo?
–A. C.: No quiero pensar en que vayan a ir las cosas mal y salgan todos a la calle. Dicen que ha sido una investigación modélica... No tengo prisa por verlos en el banquillo, mientras sigan en la cárcel. Sólo tengo prisa por encontrar a mi hija. Lo que quiero es que aparezca el cuerpo, que les juzguen y les impongan la condena más alta posible, porque se han reído de nosotros, de la sociedad, de la Policía y del juez. Hay que dar ejemplo de que esto no va a volver a pasar en este país.
–J. J. C: Que lo pague, por supuesto; ésa es nuestra esperanza. Es la aplicación de un sistema que nos ampara a todos los ciudadanos. Tenemos derecho a que se haga justicia.

Del Castillo y Cortés: dos caminos para una misma lucha
Antonio del Castillo y Juan José Cortés comparten una misma tragedia –perder una hija violentamente– y una misma lucha –«conseguir unas leyes más justas»–, aunque por distintos caminos. La familia de Marta del Castillo trata de desvincularse de la politización del caso. El padre de Mari Luz, en cambio, estudia su entrada en el escenario político.
–¿Se han planteado participar en política de forma activa? ¿Qué opinión tienen de este mundo?
–A. C.: Hay personas del PSOE que están a favor de la cadena perpetua revisable, pero su partido les prohíbe decir esas cosas. El PP habla de ir de la mano del Partido Socialista para debatir la propuesta. Pero esta lucha no la queremos tomar como una tendencia política, simplemente queremos justicia, que las leyes cambien. Entendemos que los jueces y los policías tienen en estos momentos las manos atadas. Así que lo que queremos es que cambien las leyes, y hacia ello van nuestras protestas.
–J. J. C.: Posiblemente, si no hay enmienda, tendremos que ponernos al frente de esto desde otra plataforma en masa, primando el interés general, el beneficio de los ciudadanos. La política tiene que ser un bien común.
–¿Sería una participación con los partidos actuales o al margen de ellos?
–J. J. C.: Eso habría que verlo. Podría ser aparte o no. Si hay acercamientos o algún tipo de proposición de un partido político, puede verse.

Familias normales
La pena enfocada hacia la Justicia
Formaban parte de dos familias «normales», una de Sevilla y otra de Huelva, hasta que un fatídico día les arrebataron a sus hijas. Uno, Antonio del Castillo, con la herida aún abierta, pregunta a Dios: «¿Por qué, por qué mi familia?». Al otro, Juan José Cortés, la desgracia le ha ratificado en su fe, como pastor de la Iglesia Evangélica de Filadelfia. Ambos, a simple vista, parecen hombres buenos, en el mejor sentido de la palabra. Y ambos luchan por «una Justicia realmente justa» y por «la protección de las víctimas».