Al Bachir ataca a Occidente en su visita a Darfur tras la orden de detención

El presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir, acusó hoy a Occidente de haber intentado negociar la vuelta de las ONG expulsadas a cambio de la suspensión de la orden de arresto contra él, en su primera visita a Darfur tras esta decisión. "Los países occidentales han regateado con el Gobierno para que permita el regreso de las trece organizaciones que expulsó Jartum, a cambio de la suspensión de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI)", dijo Al Bachir ante una multitud de seguidores en Al Fasher, capital de Darfur del Norte, en el oeste de Sudán. El presidente sudanés apuntó que su país rechaza ese trato con Occidente y pidió "la anulación y no la suspensión"de la decisión de la CPI. Ese tribunal, con sede en La Haya, emitió el miércoles pasado una orden de detención contra Al Bachir por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur. El Gobierno sudanés, tras rechazar esa orden, expulsó a trece organizaciones de asistencia extranjeras que trabajaban en la región, entre las que se encuentran Médicos sin Fronteras, Oxfam y "Save the Children". Al Bachir, que compareció ante miles de ciudadanos en el centro de Al Fasher vestido de civil y con un bastón de mando, acusó a esas ONG de operar como "espías"y de no cumplir los acuerdos firmados con su Gobierno. Según el jefe de Estado sudanés, esos grupos han funcionado como "instrumentos de países occidentales", que querían influir en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, previstas para este año. Al Bachir, que habló desde un escenario montado especialmente para la ocasión, denunció que en Darfur trabajan 118 organizaciones extranjeras que reciben 2.000 millones de dólares al año para el desarrollo de la región, de los cuales sólo gastan cien millones de dólares. "A partir de ahora, no vamos a permitir que eso ocurra y estamos dispuestos a cubrir el vacío (económico), si se retiran todas las organizaciones (extranjeras)", aseguró Al Bachir, que a lo largo del discurso fue interrumpido por sus seguidores, que corearon frases de condena a la CPI y de apoyo al presidente. En ese sentido, Al Bachir advirtió, además, a los residentes extranjeros, que intenten "amenazar la seguridad de la nación", que no se desvíen de su papel asignado, en vez de espiar a Sudán. Asimismo, el presidente insistió en que su país no va a respetar la decisión de la CPI: "La hemos rechazado, la vamos a rechazar y juramos por Alá, el grande, que no vamos a rendirnos", dijo Al Bachir, cuyo país ni ha reconocido a la CPI, ni es firmante del Estatuto de Roma, que instituyó este tribunal el 17 de julio de 1998. El presidente sudanés invitó a los responsables de la CPI a visitar Darfur porque "piensan que con su decisión van a asustar al pueblo sudanés. No nos conocen todavía y para que nos conozcan deben venir aquí". Además, Al Bachir reiteró las acusaciones contra los líderes de EEUU, de Israel y de los países occidentales de ser "los criminales verdaderos"que quieren ocupar Sudán de nuevo, y pidió que sean ellos los que sean juzgados ante el tribunal internacional. El discurso estuvo acompañado de canciones sudanesas, que sonaron de fondo y que alababan el desarrollo de Darfur, e incluso el presidente se decidió a bailar al ritmo de alguna de ellas. Tras finalizar su alocución, el mandatario tiene previsto comer con las autoridades locales antes de volver a Jartum. Según la agencia oficial de noticias sudanesa SUNA, la visita de Al Bachir a Darfur se produce en el marco de los esfuerzos del mandatario para seguir el programa de desarrollo de esta región e impulsar la paz en la zona. De hecho, antes de dar su discurso, Al Bachir firmó un acuerdo con el representante de una compañía china, que se encargará de la construcción de una línea ferrocarril en el oeste de Sudán, que unirá las ciudades de esta región. El conflicto de Darfur se inició cuando dos grupos insurgentes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región. Desde el inicio del conflicto, cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.