Caso español: una ley en fase de estudio

A pesar de que para el ministro de Cultura español, César Antonio Molina, el asunto de la piratería es una prioridad, las medidas, que se articularán en una futura Ley de Internet, aún se encuentran en fase de estudio. Ya la formación de la comisión que examina las propuestas ha levantado ampollas entre los internautas, que echan en falta a quien les represente de manera adecuada y, sin embargo, ven demasiados miembros «institucionales» del negocio de la cultura. Su malestar ante la posibilidad de que el Gobierno Zapatero asuma la doctrina Sarkozy y el Código de Buenas Prácticas que, según ellos, atenta contra algunos derechos civiles de los internautas, se ha materalizado a través de la campaña de internet «MolinaPirate!» que busca a través de Twittter los mejores «slogans» para pedir la dimisión del titular de Cultura. Las presiones de los usuarios hacen que ya se maneje una versión no tan contundente de la futura normativa, como ir bajando progresivamente la velocidad de conexión de los infractores y también que aquellos que se descarguen más contenidos paguen una tarifa mayor que los que sólo se dediquen a navegar por la red. Frente a los internautas está la postura de la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae) y otras entidades de gestión, así como las discográficas y salas de cine, que consideran urgente frenar el intercambio de ficheros 2p2, al que consideran el medio principal para saltarse los derechos de autor.