Cataluña abrirá con dinero público las fosas de la Guerra

«Hoy en este Parlamento se hace justicia histórica». Con estas palabras el conseller de Interior, Joan Saura, inició su discurso de apertura del debate previo a la votación de la «Ley de fosas» en el Parlamento de Cataluña. Después de un año y tres meses de tramitación, la ley para la dignificación y la localización de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista quedó ayer finalmente aprobada con la única oposición del PP, que considera que se trata de una norma «politizada» que no responde a las necesidades de la totalidad de las víctimas.Hasta el último momento los populares lucharon por la inclusión de las víctimas de la II República en la norma, aunque desde el Gobierno catalán están convencidos de que su texto no hace ningún tipo de discriminación entre los desaparecidos. El diputado del PP, Rafael López, puso más leña al fuego asegurando que «la memoria histórica que el tripartito propugna supone una nueva división entre españoles buenos y malos». A pesar de las críticas, Cataluña dio ayer luz verde a la Ley de fosas, convirtiéndose en la primera comunidad con una norma de estas características. Además, la Generalitat será la primera Administración que costeará de su propio bolsillo el proceso de exhumación de fosas, una de las previsiones más polémicas de la nueva norma.Tanto CiU como el PP expresaron sus dudas sobre la necesidad de proceder a la apertura de las sepulturas comunitarias debido a su elevado coste. Durante el proceso de tramitación de esta ley, el Ejecutivo catalán exhumó la fosa de Gurb, donde se encontraban los cuerpos de cuatro soldados republicanos. El coste de la operación alcanzó los 60.000 euros y sirvió para redactar un protocolo que deberá aplicarse en los procesos de apertura de fosas en Cataluña. Una comisión de expertos se encargará de evaluar la conveniencia de abrir una fosa atendiendo a las peticiones que los familiares de desaparecidos remitan a la Generalitat. Las exhumaciones no serán la prioridad del Ejecutivo catalán que prevé abrir «sólo» tres o cuatro fosas al año y centrarse en localizar y dignificar las sepulturas. Según el diputado de CiU Santi Vila, si Cataluña abriera sus 179 fosas, se tardaría 59 años en recuperar todos los cuerpos en un proceso que costaría 16 millones de euros.El debate parlamentario fue seguido atentamente por numerosos representantes de entidades dedicadas a la recuperación de la memoria, así como familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. La Ley de fosas fue respaldada por el tripartito y CiU, mientras que Ciutadans se abstuvo y el PP votó en contra. La votación de las mociones del PP dejó entrever de nuevo la división en el seno de Ciutadans, cuando los diputados disidentes de la formación votaron a favor de las enmiendas populares, mientras el líder de la formación, Albert Rivera, se quedó sólo en la bancada absteniéndose.Desenterrar los cuerpos: 180 millonesExhumar e identificar los cadáveres de los 114.266 desaparecidos entre 1936 y 1951 siguiendo los dictados de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno y la iniciativa que puso en marcha el juez Baltasar Garzón tiene un coste total de 180 millones de euros. Y eso que los expertos consultados en su día por este periódico aseguraban que «no tiene justificación» y cifraban en menos de un 20 por ciento las posibilidades de éxito del proceso. Con esa cantidad en concreto se podrían construir dos hospitales de 250 camas; o uno de 600, como el madrileño de Puerta de Hierro. Incluso un aeropuerto como el que en 2012 se abrirá en Extremadura; o 500 viviendas...