Ciudadanía: suspensos sin examen

Madrid- Un aviso y una amenaza, así se toman los padres objetores la llegada de las primeras decenas de suspensos a los niños que han decidido no recibir la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El recorrido peninsular ha dejado distintas estampas: en algunas comunidades los insuficientes tienen acento público, y en otras privado; en algunos colegios se suspende a discreción y en otros se hacen dos grupos: los malos y los peores (los segundos coleccionan ceros, mientras los primeros quedan a la espera de redención). Todo, según los propios objetores, en medio de una estrategia de aviso para navegantes, porque la consecuencia práctica de estos insuficientes en la evaluación de diciembre es nula:no cuenta para la nota final que se ponga a los alumnos.

Entre los distintos casos ocurridos hay ejemplos significativos. «En un colegio privado de Navarra dos niños se han llevado a casa el suspenso y una nota explicativa en la que el centro dice a los padres que los niños no muestran interés en aprobar ni avanzar en la materia», explica Teresa Jaurrieta, de Profesionales por la Ética. Para los progenitores, el aviso es casi un broma, ya que el centro es consciente de que los padres han optado porque sus hijos no cursen esta materia, por lo que parece evidente que no es que haya poco interés en avanzar, es que no hay interés en nada, ni siquiera en retroceder: «Son objetores».

Sobresalientes a destajo

En otro centro privado de Navarra la solución que han tomado los profesores es diferenciar entre los objetores que se quedan dentro de la clase y los que no. Los primeros –objetores testimoniales– sólo se diferencian del resto de sus compañeros en que no pasan examen. Los segundos, sin embargo, no permanecen en el aula y se retiran a otra sala mientras se imparte la asignatura. La nota que ha dado el colegio a estas dos actitudes ha sido distinta. Todos han sacado un sobresaliente, incluidos los objetores testimoniales, menos los cuatro alumnos que se ausentan del aula, que han sido suspendidos. «Estamos hablando con el centro para corregir este despropósito, ya que tendrá también consecuencias a la hora de pedir becas. Se está inflando la evaluación de la mayoría de los compañeros, lo que tendrá consecuencias cuando se hagan medias de evaluación», explica Jaurrieta.

En Andalucía la situación es distinta a Navarra. Aquí los insuficientes han caído en los centros públicos (en Navarra se les ha calificado de «no evaluados»). Los suspensos, aún no contabilizados con exactitud, «se cuentan por decenas», dicen los objetores. El expediente inmaculado de algunos alumnos ha llegado a casa con mancha. «Hay niños que han aprobado todo con sobresaliente y tienen como única pega el suspenso de Ciudadanía», explica Carlos Seco, un portavoz de los objetores en Andalucía.

La presión de la Junta se ha hecho notar en los centros públicos; en los privados habrá «insurrección a escondidas». «Me consta que hay varios colegios privados que van a calificar como ‘‘no evaluado'' a los objetores», asegura Seco.

En Cataluña la situación es parecida, con diferencias entre públicos y privados e, incluso, con mezclas de suspensos y no evaluados. En Asturias se ha seguido a rajatabla lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia, que a falta de resolución final dictó que debía darse la materia como no evaluada.

«Derecho constitucional»

Ante este nuevo laberinto educativo, en el que las notas dependen de la voluntad individual del examinador, el movimiento objetor se plantea presentar batalla judicial a estos primeros suspensos. «Los abogados están estudiando cuál es la mejor opción, pero es probable que los primeros recursos se presenten ya. ¿Para qué esperar a la calificación de junio», explica Leonor Tamayo, de Profesionales por la Ética. En caso de que se decida acudir a los tribunales, se sumarán estos recursos a los ya presentados para que se les permita no dar la asignatura .

En lo que todos los movimientos objetores están de acuerdo es en que evaluar a un estudiante por una materia que no ha cursado es «inconstitucional». Algunos califican esta actuación de «arbitraria e irregular», ya que «no se puede poner nota a algo que no se ha impartido», dice Carlos Seco, y pone un ejemplo: «Es como si a un médico se le echara del trabajo por ejercer su derecho de objetar a practicar un aborto».