De la Vega plantea «un gran paso en la reforma del sector»

No sólo el cine español será el beneficiario de ese 5 por ciento que las televisiones tienen que dedicar al Séptimo Arte. Ahora, si se aprueba el anteproyecto de la Ley General Audiovisual, cuyo informe comenzó a estudiar ayer el Consejo de Ministros, se ampliarán las producciones que podrán recibir recursos de dicha partida obligatoria a series, documentales y animación. Es la gran novedad del anteproyecto, del que ayer dio cuenta la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del Consejo de Ministros. Para la portavoz del Ejecutivo, se trata del «cumplimiento de un compromiso electoral y se aprueba una asignatura pendiente».La norma, que regulará las fórmulas de la TDT de pago o de acceso condicionado, «replantea el sistema de ayudas a la producción de cine» y supone «un gran paso en la reforma de sector audiovisual», destacó De la Vega, que añadió que la normativa actual es «obsoleta y confusa». Para ello, para lograr un texto que sea «útil» y «acorde con los tiempos», aseguró que el Gobierno «mantiene el diálogo» con todos los interesados y afectados. Y confió en alcanzar el consenso necesario cuando se inicie su tramitación en el Parlamento.Más «pagadores»La ley amplía también la lista de todos aquellos operadores que tendrán que invertir en producciones españolas y hace una revisión de las normas básicas reguladoras de la publicidad, además de fijar una serie de obligaciones en relación a protección de menores y para garantizar el derecho a la información. Junto a esto, también marca el régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisuales, principalmente de los que se encuentren sometidos a la necesidad de licencia y autorización.Y para mantener la transparencia y las garantías anunciadas por el Gobierno, la norma presentada ayer plantea la creación y la regulación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, una autoridad independiente con capacidad para sancionar y que se encargará de controlar el correcto cumplimiento de la ley.Las personas con discapacidad también se verán beneficiadas, pues el anteproyecto establece que «la accesibilidad sea una realidad».El principio que rige esta futura norma, a la que aún le queda un largo camino hasta su aprobación, es el interés general y el refuerzo y protección de los derechos de los ciudadanos, tal y como desvela la referencia del Consejo de Ministros y como destacó De la Vega. Además, se suprimirá burocracia y límites a la industria, todo, según el Gobierno, «en un contexto de mayor libertad».La vicepresidenta lo tenía claro e hizo hincapié en que se trata de «una apuesta por las nuevas tecnologías, la alta definición, la televisión en movilidad... Una apuesta por el futuro».