El Congreso de la libertad

La ciudad de Medellín, que fue durante décadas el símbolo de la violencia en Colombia y en Iberoamérica, acoge desde el viernes el V Congreso de Víctimas del Terrorismo, cuya siguiente edición será en Salamanca. Los Príncipes de Asturias inauguraron, junto al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el encuentro que se celebra bajo el lema «Tenemos derecho a la verdad y queremos construir memoria». La presencia de Don Felipe y Doña Letizia en un acto tan simbólico es una prueba más de la cercanía y el compromiso reconocidos con todos aquellos que han sufrido los embates criminales del terrorismo. Los Príncipes, como el resto de la Familia Real, han apoyado activamente a las víctimas con su presencia y su cariño en los momentos desgarradores que este país ha soportado con los mil asesinados por ETA y Grapo, y las 192 víctimas mortales de los atentados del 11 de marzo. Su presencia en esa primera línea de denuncia del terror y al mismo tiempo de reconocimiento a los que lo dieron todo por la libertad de los demás ha sido una constante en una trayectoria que debe ser ponderada como merece. No es fácil que las autoridades estén siempre a la altura de las circunstancias en momentos tan complejos y emotivos, pero la Familia Real no ha defraudado nunca. En su discurso en la apertura del Congreso de Medellín, Don Felipe dio claves esenciales de cómo los estados y las sociedades deben afrontar en el futuro el combate del Estado de Derecho contra los enemigos de la libertad. Como el Príncipe precisó acertadamente, el terrorismo es un «problema de dimensiones universales», por lo que la respuesta debe «ser internacional, con la unidad de todos para combatirlo y también para reconocer, asistir y atender a los que más sufren». La unidad de acción de las democracias, la convergencia de intereses y medios, la determinación común de una estrategia global contra el terrorismo se antojan condiciones necesarias en esta lucha si se pretende lograr una victoria justa. Los representantes de las víctimas reivindicaron que sus colectivos sean visibles ante los ciudadanos y una mayor conciencia social hacia ellos. Aunque es cierto que en este terreno se ha avanzado extraordinariamente en nuestro país, no lo es menos que todavía no es suficiente. El esfuerzo colectivo tiene que ser sostenido y la dedicación pública perpetua. La deuda que las democracias, y especialmente la española, tienen con esos hombres y mujeres que ofrecieron el sacrificio más importante no será saldada nunca y, bajo ese enfoque, el sentimiento de gratitud de toda la sociedad y lo que ello supone no puede tener caducidad. Para los participantes en el Congreso, la unidad de las víctimas del terrorismo es, junto a la despolitización del fenómeno, otra condición necesaria para salir adelante, para jugar un papel principal junto a los que sufren el terrorismo en todos los rincones del mundo. La ideología no puede ser un factor desestabilizador de un grupo cuya voz resonará más fuerte y poderosa ante los gobiernos en la medida en que sean capaces de mostrar una cohesión sin fisuras. Creemos también acertado que, como apuntaron las víctimas españolas, la reparación nacional no será completa si el Estado de Derecho no utiliza «todas las armas legales» para destruir al terrorismo. No hay espacio para la negociación y sólo se debe contemplar el escenario de la derrota total de los asesinos. Ese final es el único posible para todos aquellos que creen y defienden la superioridad moral de la democracia frente al terrorismo. Las víctimas, como baluartes de nuestra libertad, se merecen y necesitan ese desenlace.