El Congreso no admitió a trámite iniciativas similares a la del Papa

MADRID- La admisión a trámite por parte de la Mesa del Congreso de una propuesta del grupo de ERC-IU-ICV para que se repruebe al Papa por sus declaraciones sobre el uso del condón en la lucha contra el sida ha abierto una polémica política y jurídica sobre las funciones de este órgano rector de la Cámara a la hora de calificar las iniciativas que hacen entrada en la misma.Quienes apoyaron en la reunión del pasado martes –entre ellos, las diputadas del PP Celia Villalobos y Ana Pastor– la tramitación de la citada controvertida propuesta de la izquierda se defienden con el argumento de que la función de la Mesa es analizar sólo el aspecto formal de las propuestas que les llegan, sin entrar en el contenido. Pero la inmediata pregunta es ¿qué sentido tiene entonces ese máximo órgano rector y para qué se vota en él si no cumple ninguna función como filtro?Competencias del CongresoAdemás, la hemeroteca confirma que con anterioridad sí que ha actuado como una institución que controla que las iniciativas se ajusten a las funciones constitucionales del Congreso y que ha vetado propuestas que no se ajustaban a determinados usos parlamentarios que han adquirido ya rango normativo. «El acto de calificación tiene un componente jurídico-administrativo, pero también un marcado componente político», señala un letrado de la Cámara Baja. Es decir, que en teoría debe emitir un juicio sobre su adecuación al Reglamento de la Cámara y al ordenamiento constitucional. Por ejemplo, la Mesa del Congreso no debe admitir a trámite iniciativas que contengan expresiones peyorativas, insultantes o juicios de valor sobre personas. Por estos motivos, de hecho, se han devuelto al proponente numerosos escritos para su reformulación a lo largo de esta misma Legislatura y otros han sido directamente rechazados. Control del GobiernoY tampoco, en teoría, debería admitir iniciativas que se salgan de los límites de las competencias del Congreso, como ocurre con la reprobación del Papa. La función de un diputado no es controlar a un jefe de Estado, sino a un Gobierno. «Y sentar un precedente al respecto puede llevar al absurdo de que se intenten colar reprobaciones contra otros jefes de Estado, incluido el Rey», como señala uno de los más veteranos diputados del Congreso, por cierto, de adscripción socialista. En el pasado no tan lejano los diputados han llegado a inundar el Registro con proposiciones no de ley, preguntas y mociones dirigidas contra los alcaldes de su pueblo. Una a una, todas eran rechazadas. La Mesa ha rechazado o ha planteado la reformulación de propuestas como las siguientes: - Acta del 28-10-2008, sobre la proposición no de ley de ERC sobre la implementación de la asignatura Educación para la Ciudadanía en Valencia. Distintos miembros de la Mesa, tanto del PP como del PSOE, justificaron el voto contrario a su tramitación en que el Congreso no se puede convertir en una Cámara de revisión de las distintas actuaciones autonómicas. - Acta del 21-04-2009, sobre preguntas del Grupo Popular. Cunillera, representante socialista, defendió que no es admisible que en la formulación de las preguntas se empleen expresiones irrespetuosas y se incluyan juicios de valor. - Acta del 24-10-2006, sobre una pregunta de Joan Tardá (ERC) sobre la cacería del Rey en Rumanía y Rusia. Carmé Chacón, entonces miembro de la Mesa, argumentó que, con independencia del fondo del asunto, el Parlamento carece de competencia para controlar la actividad privada del jefe del Estado.- Acta del 20-11-2007, sobre preguntas que afectaban al Rey y al Duque de Lugo. Se acordó que no procedía su admisión a trámite porque, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.3 de la Constitución, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad y, teniendo en cuenta, el artículo 65 de la Constitución.- Acta del 31-03-2009, sobre proposición del Grupo Mixto para la modificación de los Presupuestos Generales del Estado. Fue rechazada porque la Constitución reserva «toda la iniciativa legislativa en materia presupuestaria al Gobierno».