El Gobierno adoptará nuevas medidas antitabaco en un mes

El Gobierno quiere adoptar nuevas medidas contra el tabaquismo. Lo hará antes del 20 de febrero, según confirman fuentes del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la crisis económica y la presión de la hostelería impedirán reformas sustanciales en la ley antitabaco, tal y como piden los médicos. De modo que se retrasará la prohibición de fumar en todos los locales públicos.
«El 80 por ciento de los 350.000 locales de hostelería están fuera de la ley», asegura Rodrigo Córdoba, miembro del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT). El motivo es que, de acuerdo con la normativa que entró en vigor hace ahora tres años, los locales de menos de 100 metros cuadrados podían elegir entre declararse espacio libre de humos o para fumadores.
Pese a algunas buenas intenciones iniciales, la pérdida de beneficios hizo que la mayoría se decantara al final por la segunda opción. Para Córdoba, lo más grave es que «desde que entró en vigor la Ley no ha habido una sola campaña sobre los peligros del tabaquismo. Llevamos dos años sin una sola advertencia a los ciudadanos. Si, con los accidentes de tráfico, las campañas funcionan, ¿por qué no lo hacen con el tabaco?».
Los datos corroboran sus afirmaciones: las ventas de tabaco apenas han descendido en el último año, igual que el porcentaje de fumadores, que ronda un tercio de la población hoy igual que hace tres años.
Por ello, el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, prepara nuevas estrategias en este sentido. ¿En qué consistirán? Ni el propio Departamento lo tiene claro todavía. Lo que parece seguro es que no modificará su política actual de no financiar los tratamientos de deshabituación. En su lugar, se centrará en campañas de promoción de hábitos saludables, ya sea en formatos tradicionales o en las propias cajetillas de tabaco.

Sin colaboración
Sanidad pretendía llevar a cabo estas medidas una vez que estuviera concluida su evaluación de la aplicación de la Ley, pero el asunto se está complicando más de lo debido. El motivo es la negativa de la mayoría de las comunidades autónomas a aportar sus datos sobre inspecciones y sanciones. «Hay autonomías que, aunque se les ha requerido, no envían su información», reconocen fuentes del Ministerio.
Como las competencias son autonómicas, Sanidad poco más puede hacer para conseguir los datos. Así que las autonomías tienen en su mano evitar que se compruebe si la Ley se cumple o no. Para Córdoba, detrás de esta opacidad está la inacción de los gobiernos autonómicos. «Menos de la mitad han hecho algo en materia de inspecciones, y las que lo han hecho ha sido de forma parcial», asegura.
Aragón es la comunidad que más interés ha mostrado en ampliar la Ley antitabaco. Sin embargo, la consejera de Salud, Luisa Noeno, aseguró la semana pasada que la modificación deberá partir del Gobierno central y reconoció que la reforma no podrá hacerse tan pronto como desea. Éste es un momento económico «delicado», admitió, y por eso quizá «no sea el mejor» para realizarla.
Noeno opinó que la prohibición de fumar en lugares públicos «tendría que ser total» y «no parcial», porque eso «está complicando mucho» su aplicación en la hostelería, donde «hay disfunciones», afirmó. Sin embargo, respecto a la hostelería, reconoció que «hay intereses económicos y de mucho tipo y es un momento delicado para endurecer nada» por la situación de crisis económica, si bien «seguimos trabajando con el Ministerio».