El juez del «caso Marta» amarra las indemnizaciones

Acuciado por la familia de Marta del Castillo y sus abogados, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla resolvió ayer obligar a los imputados en la desaparición de la joven a depositar una fianza de 240.000 euros. El objetivo es garantizar el pago de futuras indemnizaciones a los padres, hermanas y abuelos de la menor.

Los acusados tienen cinco días para depositar el dinero y, de incumplir este plazo, el juez Francisco de Asís Molina puede dictar el embargo de sus propiedades. En el caso de Francisco Javier D. M., hermano del principal sospechoso, Miguel Carcaño, fuentes de la defensa confirmaron que presentará como aval el piso de la calle León XIII donde, según los investigadores, se cometió el crimen y cuya propiedad comparte con el asesino confeso.

Esta actuación responde al recurso interpuesto por el abogado de la familia contra la excarcelación de Francisco Javier y a su petición de que se le investigue por su posible delito de ocultación de patrimonio, tras conocerse que desde prisión vendió un garaje que poseía con su ex mujer.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, volvió a defender el derecho a mentir de los encausados, alegando que así lo reconoce el Constitucional, y acusó a la oposición de «avivar las cenizas del dolor para quemar las libertades fundamentales por arañar un puñado de votos». El senador del PP Javier Salas le exigió que pidiera disculpas a la familia de Marta por «hurgar en su herida».