El ladrillo se topa con los tribunales

SEVILLA- A lo largo de este año que finaliza han sido numerosos los casos en los que los tribunales han tenido que dirimir la viabilidad o no de un proyecto urbanístico y, a menudo, uno de los litigantes ha sido la Junta y el otro algún Ayuntamiento de los que pueblan el mapa andaluz.

Especial relevancia mediática ha tenido, en este contexto, el hecho de que el juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Almería, por ejemplo, desestimara el recurso interpuesto por la Junta contra la licencia de obras concedida por el Consistorio de Roquetas de Mar a la sociedad limitada Almeragua para la edificación de 440 viviendas plurifamiliares en el entorno de los acantilados almerienses de Aguadulce.

El juez consideró que el permiso municipal no contravenía el planeamiento en su aplicación, a pesar de que el Ejecutivo andaluz señaló como irregularidad el paso de un 60% de la edificación de unifamiliar a plurifamiliar. La desestimación del recurso fue apoyada también en otro argumento: la validez del cambio de los usos para la zona contenidos en el PGOU de la localidad almeriense. No obstante, la Junta interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el auto dictado en la vía contenciosa, que aún está abierto.

Especialmente prolongado ha sido el pulso que han mantenido durante cuatro años el Ayuntamiento de Huelva y la Junta a cuenta de la enajenación de los terrenos de la zona conocida como Ensanche Sur –644.773 metros cuadrados linderos con las Marismas del Titán– . Pero, el 21 de septiembre de 2007, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA daba el beneplácito a la venta gestionada por el Consistorio a la empresa Descirea, por casi 66 millones de euros. De esta forma dejó sin efecto la denuncia que interpuso la Consejería de Gobernación por estimar que la transacción era ilegal al no contar con el permiso de la Junta, y que supuso el pistoletazo de salida para una batalla que se saldó, en primer término, a favor del Ayuntamiento, por entender el juez del Alto Tribunal que se había producido «silencio administrativo» por parte del Ejecutivo andaluz.

La Administración autonómica recurrió al Tribunal Supremo tras conocer este dictamen aunque, finalmente, en un encuentro personal entre el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el alcalde de la capital onubense, Pedro Rodríguez, se acordó desbloquear la operación y el ambicioso proyecto urbanístico respira al fin tras la encrucijada judicial.

En septiembre también, el tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón al Ayuntamiento de Utrera en su conflicto con la Consejería de Obras Públicas de la Junta. El motivo de este otro lance legal: sacar adelante un polígono, con una extensión de unas diez hectáreas, en la pedanía de Guadalema de los Quinteros, para cuya construcción debía cambiarse la categoría del suelo de rústico a industrial y terciario. Algo a lo que la Consejería se opuso argumentando, entre otras razones, que esta actuación debía esperar al avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. De nuevo la Junta ha recurrido el fallo.

En Málaga, un juzgado de lo contencioso-administrativo dio la razón al Consistorio de Benalmádena en su conflicto jurídico con la Junta, que pudo autorizar la edificación de un bloque de quince plantas en el centro de Arroyo de la Miel, un núcleo urbano donde sólo se permiten edificaciones de cuatro alturas, y en una parcela propiedad entonces de Arenal 2000, empresa vinculada a la Operación Malaya. Si bien en este caso, aunque esta promotora ya ha vendido el terreno, Izquierda Unida ha anunciado que llevará la política urbanística desarrollada por el alcalde, el independiente Enrique Bolín, al Parlamento europeo.

Paralizaciones cautelares

Trascendente en la actualidad informativa andaluza fue también la autorización del TSJA de las obras de las torres de la Casería –que curiosamente también ejecuta Arenal 2000–, en el municipio gaditano de San Fernando. Obras Públicas interpuso en esta ocasión un recurso administrativo contra el Consistorio por no revisar tres licencias de obras, que estaban amparadas en una modificación del PGOU y en un plan parcial, y se pidió la paralización cautelar del proyecto. La Justicia aún no se ha pronunciado sobre el fondo de este proceso, la licencia. Tendrá que hacerlo el juzgado de lo contencioso de Cádiz.

Asimismo, protagonista de pesquisas jurídicas ha sido en reiteradas ocasiones el Ayuntamiento de Almuñécar. A lo largo de 2007, el titular de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Granada rechazó tres recursos impulsados por la Junta contra tres licencias municipales.

Una otorgada a Inmobiliaria del Sur de España, para la cimentación de 43 viviendas en el denominado barranco de Noy; otra a la empresa Edificios Argali para ejecutar tres inmuebles en Rambla de Caballero; y una tercera a la firma La Cañada de la Herradura para que llevara a cabo 66 viviendas, además de cocheras y locales en la calle sexitana Rambla del Espinar.

La marea urbanístico-judicial ha afectado también a Córdoba. Los servicios jurídicos de la Administración autonómica han interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con la intención firme de parar las naves industriales de la antigua fábrica de Colecor.

Una actuación que está englobada dentro del plan especial de suelo no urbanizable de la carretera de Palma del Río que aprobó la anterior corporación local, con los votos a favor de Partido Popular e Izquierda Unida.

Ahora corresponde a la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo decidir si ratifica la decisión del TSJA, que ha rechazado en dos ocasiones las medidas cautelares –por la vía ordinaria y ante un recurso de súplica–; o, por el contrario, opta por la paralización del plan especial de la carretera de Palma.

Por su parte, un juzgado de Málaga negó la suspensión cautelar de las obras de una urbanización en el municipio de Villanueva del Rosario, cuyo permiso también está impugnado. Para ello la titular del juzgado de lo contencioso-administrativo argumentó que se causaría un perjuicio irreparable al particular afectado si el proceso se salda finalmente con la declaración de legalidad.

Un fallo que se aparta de la doctrina que sobre suspensiones cautelares viene manteniendo el Alto Tribunal Andaluz en los últimos años. Este auto ha sido recurrido igualmente por la Junta de Andalucía.

Y lo cierto es que la misma magistrada se basó en similar razonamiento para rechazar también el parón cautelar de la urbanización en Ronda de Los Merinos Norte.

Polémicos aparcamientos

Ni siquiera los «parkings» se han librado de los tira y afloja en los juzgados. Un magistrado de Granada, por ejemplo, declaró nulo un acuerdo del pleno de la corporación por el que se aprobaba la realización de un aparcamiento en la Vega, por no ser compatible con la calificación que poseía el suelo donde se iba a construir –una parcela de protección agrícola «a regenerar»–. En este caso, se ha dado la razón a la Consejería de Obras Públicas.

En la misma línea, el Ayuntamiento de Granada ha tenido que detener la segunda fase de la reforma del barrio de Santa Adela, en la que se contemplaba la creación de un estacionamiento subterráneo por orden del Tribunal Superior de Justicia andaluz.

Desde el otro lado, el TSJA ha rechazado los recursos de la Consejería de Gobernación del Gobierno andaluz en contra del acuerdo plenario por el que se desafectó el subsuelo para ejecutar un «parking» subterráneo –con capacidad para unos 146 vehículos– de la plaza de Andalucía, en la barriada de La Orden de la capital onubense. En la sentencia, el magistrado del Alto Tribunal reconoce que la instalación «ha supuesto una mejor estética, utilización y embellecimiento de la plaza, además de construir unos aparcamientos cuya necesidad se hacía sentir con fuerza en la zona».

Y a buen seguró, continuará...