MADRID- El Grupo Popular pretende promover un debate en el Congreso sobre la falta de autoridad del profesorado y la necesaria reforma legal para corregir ese problema. España ha sido uno de los países de la OCDE donde mayor descenso ha sufrido la valoración social de la educación y de la profesión docente. Mientras desde algunas comunidades autónomas periféricas como Cataluña llegan vientos polémicos porque el debate educativo pivota sobre el uso de la lengua como elemento identitario, en las Cortes Generales entran iniciativas de color muy distinto, como una proposición de ley del principal partido de la oposición para que se añada un nuevo apartado al artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación que establezca que en «el ejercicio de sus funciones docentes y directivas en centros docentes, el profesorado tendrá, a todos los efectos legales, el carácter de autoridad pública». El Partido Popular pide que esta cláusula entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.Delito de atentadoEl reconocimiento legal expreso de su condición de autoridad pública permitiría tipificar las agresiones que sufren los docentes en el ejercicio de su profesión como atentados de los previstos en los artículos 550 y 551 del Código Penal.Para justificar el objeto de su petición, el PP recuerda en su iniciativa que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una sentencia del 4 de diciembre de 2007, vino a sentar una jurisprudencia que ha sido utilizada en casos como el de la condena a un año de cárcel de unos padres que agredieron a una maestra, declarando la condición de autoridad pública para todos los profesionales que se encuentren ejerciendo una actividad considerada como deber público.Importancia socialLa propia Ley Orgánica de Educación señala en el citado artículo 104, que el PP propone completar, que las administraciones educativas velarán por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea. El problema es cómo se lleva ese principio teórico a la práctica. En cualquier caso, dentro de la comunidad educativa (docentes, centros educativos y padres de alumnos) hay consenso sobre la idea de que disponer de un profesorado con autoridad es una condición imprescindible para avanzar en un sistema educativo de calidad en el que prime el mérito y el esfuerzo.

¿Falta o delito?Los profesionales de la educación, como los sanitarios, representan dos de los colectivos más expuestos a las agresiones en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, y pese a que la Fiscalía avaló en 2006 juzgar este tipo de violencia como «atentado a la autoridad», el hecho es que la mayoría de los juzgados continúan tomando estos hechos como una simple falta, de acuerdo con los colegios y sindicatos de ambos sectores. El problema es, precisamente, el que pretende solucionar el Partido Popular con esta proposición de ley: falta una legislación clara al respecto. Lo único que existen son acuerdos entre fiscalías, gobiernos autonómicos y colegios profesionales.