El Supremo rechaza la objeción pero vigilará el adoctrinamiento

Fueron necesarios dos días y medio para que los 29 magistrados (Ricardo Enríquez estaba ausente por enfermedad) de la sala tercera del Tribunal Supremo llegaran a una conclusión sobre los cuatro recursos de casación sometidos a deliberación, tres de ellos procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y otro, de Andalucía. Las tres primeras denegaban el derecho de objeción a otras tantas familias y la cuarta lo reconocía. El tribunal debatió una ponencia favorable a la objeción presentada por Juan José Martínez Rivas y examinó los decretos relativos a la asignatura de Educación para la Ciudadanía en Secundaria. De la primera, resuelve que «en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia». De los contenidos, concluye que «por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», según explicaba el tribunal en un escueto comunicado difundido ayer.

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La decisión contó con la aprobación de 22 de los 29 magistrados presentes y recibió el voto particular de los otros siete. Para alcanzar el máximo consenso posible en una cuestión que ha provocado un movimiento objetor sin precedentes, el pleno de la sala ha acordado incluir una serie de matices y recomendaciones en la sentencia, que se hará pública en un mes, para que el Gobierno modifique los contenidos de la materia de forma que se evite el adoctrinamiento y la imposición de criterios morales en las aulas, especialmente a través de libros de texto y profesores.
A falta de conocer todos los detalles, cabe también la posibilidad de que el Supremo haya dejado la puerta abierta a que sí se acepte la objeción de conciencia en casos diferentes a los de Andalucía y Asturias y si no se respetan las directrices propuestas. Conocidas las primeras conclusiones del Supremo, dirigidas a sentar jurisprudencia sobre una serie de resoluciones contrapuestas en toda España, el Ministerio de Educación insistió en que «Educación para la Ciudadanía es una asignatura como cualquier otra y asistir a sus clases es obligatorio para todos los estudiantes de España», destacó la ministra Mercedes Cabrera en un «vídeo-comunicado». «No eran ciertas las descalificaciones y manipulaciones que se han hecho sobre Educación para la Ciudadanía. No hay lugar a la objeción de conciencia sobre la asignatura porque nada hay en ella que invada derechos fundamentales de los estudiantes», añade Cabrera, para quien «el Supremo ha puesto fin a los intentos de hacer de esta asignatura y de los centros educativos un campo de batalla político».
Lamentó la ministra, a su vez, «el tiempo que hemos perdido» y pidió que «aquellos padres que han evitado que sus hijos acudieran a las clases realicen un acto de responsabilidad y permitan que regresen a las aulas». Cabrera se comprometió a hacer todo lo posible para que los niños puedan aprobar la materia y a hablar con «los responsables autonómicos para buscar soluciones y evitar más perjuicios».
El PSOE fue menos delicado con las diferentes respuestas que ha obtenido la objeción y su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, exigió directamente al PP que «pida disculpas por la campaña prolongada e innoble que han mantenido en contra de esta asignatura». Sin embargo, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, avisó de que su formación «va a seguir dando la batalla política contra el adoctrinamiento» y anunció que «respaldará las actuaciones que emprendan en el futuro los padres».
Mientras, la Generalitat valenciana aseguró que acata la resolución del tribunal, pero consideró que «el fallo no afecta al modo de impartir la asignatura» en esta comunidad. «Habrá que esperar a que se haga pública la sentencia para conocer el alcance de la resolución judicial y si afectará a cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura», añadieron. Madrid dará indicaciones a los directores de los 217 centros en los que se habían planteado objeciones a Educación para la Ciudadanía para que actúen conforme a la sentencia del Tribunal Supremo. La Consejería de Educación subrayó que los decretos autonómicos que desarrollan la materia «no lesionan ningún derecho fundamental de los padres en relación con la formación religiosa y moral de sus hijos».