«Estado rico en quiebra vende cárcel»

madrid- Un Congreso de mayoría demócrata, el de California, y un gobernador republicano con derecho a veto, Arnold Schwarzenegger, debaten estos días la cuadratura del círculo: cómo reducir un déficit de 26.000 millones de dólares sin eliminar servicios sociales y sin subir los impuestos. La primera propuesta del Congreso, cargar sobre los ricos, fue vetada sin vacilaciones desde la casa de Gobierno. Y con un argumento de peso: un referéndum celebrado en mayo -«¿está usted de acuerdo en pagar más impuestos?»- había zanjado la cuestión en la dirección prevista. Sin recursos, con la economía en picado tras el gran estallido de la burbuja inmobiliaria, «Terminator» decidió que el único camino era reducir los gastos públicos y, mientras tanto, tirar de deuda para hacer frente a los compromisos más urgentes. Más de tres mil millones de dólares en pagarés, los llamados «IOUs», literalmente «te lo debo», sustituyeron al dinero en las nóminas de los funcionarios, en los «cupones» de los asistidos sociales y aun en las facturas de los proveedores de servicios. Los bonos vencen en octubre de este año, se pagarán con un 3,75 por ciento de interés y hoy, tras el desdén con que los han tratado los grandes bancos, se negocian en internet, en las mismas páginas donde se venden coches usados. El otro gran «caladero» estaba en los servicios que se prestan a la población inmigrante. Surgieron por doquier grupos de presión anglos señalando a los 300.000 hijos de «indocumentados» que van a la escuela pública y gastan en comedor, transporte y becas. Se decía que podían ahorrarse hasta 2.300 millones de dólares. También se hurgó en el coste de la asistencia sanitaria de 780.000 mexicanos y asiáticos sin papeles, pero sólo se ahorraban 703 millones. Incluso se buscó entre los dispendios del servicio penitenciario... Los portavoces del Gobierno californiano fueron claros: los inmigrantes no eran la causa de la catástrofe financiera; el Estado de California cumplirá sus compromisos. Pero había otros gastos, tanto en Educación como en Sanidad y en Asuntos Sociales, que afectaban a toda la población, no sólo a los inmigrantes, y que podían recortarse. Ahí, se opuso el Congreso. ¿De dónde, entonces? La fértil imaginación del gobernador Schwarzenegger se puso en marcha: los 235.000 funcionarios públicos iban a conseguir 15 días de vacaciones extra al año, naturalmente, sin sueldo. Y así, si hoy es miércoles y esto es un juzgado, lo más probable es que tenga el cartel de «cerrado». Cada tercer miércoles de mes, el 93 por ciento de los funcionarios de Justicia se quedan en casa. Y se ahorra: nada menos que 18 millones. También las universidades públicas, a las que el recorte de 800 millones de dólares en «programas superfluos» las ha dejado tiritando, han recurrido a las vacaciones. La reducción real del salario para 140.000 profesores es del 4 al 10 por ciento, pero, de momento, no engrosan las listas de desempleo que han convertido a California en uno de los estados con más paro del país: 11,6 por ciento. Otras propuestas van más allá de la provisionalidad: se ofrece la cárcel de San Quintín por mil millones de dólares; el Coliseum de Los Ángeles podría reportar a las arcas municipales otros 400, y se prepara una reforma legal para abrir a la explotación nuevos yacimientos de gas y petróleo. Y, por cierto, alguien ha pensado que cerrar los 200 parque nacionales, la joya de California, ahorarría 143 millones más. Más información en nuestra página web