Herrero-Tejedor: un cese sin motivo

l pasado 17 de abril de 2007, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, procedió al nombramiento de un Fiscal de Sala del Tribunal Supremo delegado para la Delincuencia informática, lo que supuso la materialización de una vieja aspiración que desde hacía ya largos años estaba demandando la sociedad española. La forma elegida por el fiscal general del Estado fue la delegación de las funciones y facultades relacionadas con la persecución de los delitos informáticos en un Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Fernando Herrero-Tejedor Algar, uno de los fiscales más prestigiosos , con una dilatada y brillante carrera profesional, y con una contrastada experiencia en materia de protección de derechos fundamentales, derivada de su paso por la Fiscalía del TC.

La elección no pudo ser más acertada; a la preparación y experiencia de Herrero-Tejedor, se unió su extraordinaria capacidad de trabajo y sus dotes de dirección y organización. En unos pocos meses constituyó una red de Fiscales especialistas en criminalidad informática en todo el territorio nacional; había establecido contactos y pautas de actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializados en la lucha contra el cibercrimen; empezaba a desarrollar herramientas jurídicas interesantísimas para facilitar la lucha contra el delito informático, y en definitiva, había establecido un plan de trabajo tremendamente ambicioso, que daba vida al Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado (SCI).

Los primeros frutos del SCI se produjeron el pasado mes de octubre, cuando se hacía pública la «Operación Santiago» contra la pornografía infantil que Herrero-Tejedor había diseñado y dirigido con la inestimable colaboración del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Se trataba del mayor golpe contra la distribución de pornografía infantil en España, y probablemente en el mundo, con más de ochenta imputados en territorio nacional, y más de mil sospechosos fuera de nuestras fronteras. En los últimos días, estaba trabajando en nuevos e ilusionantes proyectos, igualmente novedosos, que a corto plazo se convertirían en importantes impulsos para la lucha contra la ciberdelincuencia.

Fernando Herrero-Tejedor es también Vocal del Consejo Fiscal, órgano presidido por el fiscal general del Estado, al que acceden dos Fiscales natos y nueve Fiscales elegidos democráticamente por los miembros de la Carrera Fiscal y al que el Estatuto del Ministerio Fiscal confiere importantes funciones de asistencia e informe al fiscal general.

En el mes de diciembre se produjo una importante discrepancia entre el giscal general y la mayoría de los Vocales del Consejo Fiscal. La vehemente defensa de esa posición mayoritaria por parte de Herrero-Tejedor molestó profundamente al fiscal general , hasta el punto de que el pasado día 21 revocó la delegación en materia de criminalidad informática que había hecho, al considerar que, en esa apasionada defensa de los intereses de la Carrera Fiscal, le había faltado al respeto y consideración necesaria entre delegante y delegado. Este cese tendrá, sin duda alguna, una importante repercusión en la labor que éste había comenzado, y quien resultará directamente perjudicada por esta situación será sin lugar a dudas, la lucha contra la criminalidad informática y los propios ciudadanos.

«Falta de respeto»

La «falta de respeto y consideración» de Herrero-Tejedor lo ha sido en el ejercicio de su condición de Vocal del Consejo Fiscal, cargo para el que ha sido elegido democráticamente por una abrumadora mayoría de la Carrera Fiscal, y su voz «irrespetuosa y desconsiderada» es la voz de esa abrumadora mayoría de la Carrera.

El perjuicio que con este cese se causa al SCI resulta irreparable. Podrá designarse para este cargo a otro fiscal, pero deberá empezar de nuevo, y andar lo que Herrero-Tejedor había ya andado, por cierto, con un destacado éxito y acierto. Pero sobre todo, lo que es mas grave, es que no existe motivo profesional alguno para generar este grave perjuicio al servicio, y las razones y motivos alegados para ello, lejos de justificar lo injustificable, constituyen un grave quebranto de los principios de funcionamiento del Consejo Fiscal.

Parece que la sana discrepancia dentro de la Carrera Fiscal es incompatible con el correcto desempeño de las funciones profesionales, o al menos, eso pretenden hacernos ver.