Impulso a la Ley de Dependencia

La Razón
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La ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Trinidad Jiménez, desembarcó en su nueva responsabilidad con la prioridad de desatascar la Ley de Dependencia, proyecto clave de la política social del Gobierno. La ministra reunió ayer al Consejo Territorial de Dependencia para encauzar el desarrollo de una norma que estaba llamada a ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto a educación, sanidad y pensiones. Desde que fuera aprobada con el respaldo de los dos principales partidos, hace ya más de dos años, su implantación ha tropezado con toda clase de dificultades. Aunque pueda parecer algo anecdótico, que la competencia sobre el sistema asistencial haya pasado por tres Ministerios distintos en estos dos años es un dato sintomático sobre la confusa política del Gobierno. El ambicioso proyecto sufre desde sus orígenes de defectos enquistados, como la falta de los recursos económicos, agudizada ahora por la crisis, o la evidente descoordinación entre las Administraciones implicadas, que ha desembocado en 17 modelos diferentes y ha provocado, además, una grave merma del principio de igualdad. La ley ha pecado también de un inacabable y agotador procedimiento para sustanciar las ayudas y de que esas aportaciones de fondos públicos no hayan servido para crear empleo directo, dado que dos tercios de esas contribuciones han sido subvenciones directas. Todo este complejo enredo político-administrativo ha colapsado la puesta en marcha de la iniciativa hasta el punto de que las ayudas no han alcanzado a quienes realmente las necesitan o estén llegando demasiado tarde. Las cifras arrojan un balance hasta la fecha nada halagüeño. Según los datos ofrecidos ayer mismo por el Ministerio, se han presentado 900.000 solicitudes, de las que 800.000 se han evaluado. De ésas, 600.000 han sido aprobadas o están a la espera de recibir la ayuda, aunque no está claro cuántos españoles perciben ya la prestación. Hay pues 200.000 personas a la espera del dictamen. Además, el Gobierno sólo ejecutó el 20,6% del presupuesto para Dependencia de 2007 y el 61% de 2008. La media que recibe un dependiente es de 90 euros al mes, mientras una residencia cuesta 1.688. Datos todos ellos que hablan por sí solos. Ante este panorama, la ministra de Sanidad ha comenzado su andadura con buen pie, pues ha hecho lo que debía como condición previa a cualquier iniciativa: admitir los graves errores y deficiencias en el desarrollo de la ley. La buena disposición de Trinidad Jiménez merece ser valorada y su compromiso político fue ayer ponderado por los consejeros autonómicos. Su primera reunión con ellos sirvió para que se acordara que las comunidades autónomas recibirán un 20% del fondo pactado por el Gobierno para financiar la ley en función del número de personas evaluadas a fecha del pasado 1 de abril. El 80 por ciento restante tendrá en cuenta parámetros como los habitantes, el número de beneficiarios, la dispersión de la población o la superficie de cada región. Los acuerdos fueron adoptados por mayoría, aunque nadie votó en contra. Las distintas posiciones de las comunidades en función de sus peculiaridades demostró de nuevo que queda mucho por mejorar en el terreno de la cooperación entre las Administraciones para garantizar la equidad y la igualdad entre todos los españoles, vivan donde vivan. El futuro de la Dependencia pasa por incrementar los presupuestos, mejorar la coordinación y agilizar los trámites. Y, por supuesto, pilotarla desde el Gobierno sin sectarismos ni partidismos.Veremos si la nueva ministra lo logra.